Según el artículo 1 de la Constitución, Colombia es un Estado Social de Derecho, entre cuyos fundamentos están el respeto a la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad y la prevalencia del interés general.
Uno no sabe si quienes, desde algunos gremios, proponen medidas o nomas que despojen a los trabajadores de sus derechos y garantías, ignoran esos fundamentales principios del sistema jurídico, o si, por el contrario, lo que están buscando es que desaparezcan; que Colombia no sea sino un Estado que profese y realice el capitalismo salvaje, que hoy representa el neo liberalismo.
Así, sostener que el salario mínimo es demasiado alto -cuando lo cierto es que los pequeños ajustes que se le introducen cada año son rápidamente apabullados por las alzas de productos y servicios- , o proponer que se aumente la edad de jubilación, que los jóvenes devenguen menos, que se supriman los intereses a las cesantías o que se acabe el subsidio familiar, no es otra cosa que proponer la reforma, si no la burla, de claras disposiciones constitucionales que garantizan a toda persona el derecho a trabajar en condiciones dignas y justas (Art. 25 C.P.), una remuneración mínima, vital y móvil que asegure al menos el poder adquisitivo del salario, proporcional a la cantidad y calidad del trabajo (Art. 53 C.P.). No demoran en proponer que se suprima la garantía de la salud para los trabajadores y sus familias, o que no haya límite a la jornada laboral, o que desaparezca el subsidio de transporte.
Todas ellas son garantías que se han conseguido a lo largo de los años, que realizan -aunque no completamente- la justicia social y que la Constitución mantiene en el Estado Social de Derecho.
Digo que no completamente porque el sistema actual de salud y seguridad social, en especial fundado en la Ley 100 de 1993, es verdaderamente deplorable. No es sino observar lo que ocurre con varias EPS, llevadas a la quiebra por la corrupción y el desvío de sus recursos, y la necesidad de la tutela como único camino para medicamentos, cirugías y debida atención a los pacientes, los trabajadores y sus familias.
Lo peor de todas estas regresivas ideas consiste en que casi siempre "le suenan" al Ministro de Hacienda.
