Ponderar las consecuencias que sus actos producirán antes de actuar, debe ser una práctica obligatoria, para evitar incurrir en hechos ilícitos y que sean llevados ante la justicia, como le ocurre a la ex alcaldesa Pinedo y sus funcionarios; quienes afrontan una sentencia en su contra, que los mantendrá privados de la libertad durante los próximos doce años.
A pesar de contar con una administración de justicia inexplicablemente demorada, con más de una década entre la imputación y el fallo de segunda instancia, acto que desborda el deber ser de un Estado Social de Derecho justo, finalmente se impuso una sentencia condenatoria. De todas maneras, más vale tarde que nunca, para que la sociedad compruebe que la impunidad no existe, a pesar de los intentos por hacer creer lo contrario.
Ahora sigue el turno para una larga lista de ex alcaldes y ex gobernadores que tienen cuentas pendientes con la justicia y la sociedad. Podrán pasar los años, pero la sentencia les llegará; sus delitos no quedarán sin castigo, los que firmaron contratos con sobrecostos, algunos que nunca llegaron a ejecutarse, los que no culminaron las obras de los centros de salud, los que compraron pechugas a cuarenta mil pesos, y los que se hicieron elegir a sabiendas, que estaban impedidos; todos ellos, generaron detrimento al patrimonio público con su actuar al margen de la ley, quebrantando la confianza del pueblo que los eligió, convencido que trabajarían por la prosperidad y el bienestar general.
Por más que acudan a estrategias dilatorias, las condenas llegarán. Que se preparen, porque la impunidad no prevalecerá. Todo el que tenga cuentas pendientes con la justicia por hechos de corrupción, mientras fueron elegidos por el voto popular, para ocupar alcaldías y gobernaciones, donde se convirtieron en depredadores del presupuesto para su propio beneficio, ¡también caerán!
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