El registrador nacional, Alexander Vega, hizo un anuncio el 1º de septiembre que puede trascender sus facultades administrativas; y si no, por lo menos generar muchas dudas sobre su alcance y oportunidad: “El FBI prestará asistencia a la Registraduría en las elecciones del 2022”. El funcionario no dio, ni le han pedido, mayores detalles al respecto. Tal vez, debiéramos tomarnos este anuncio más en serio.

Cualquiera que mire las funciones del FBI en EE.UU. verá que está diseñado como una agencia de inteligencia y contrainteligencia para investigar presuntos o reales delitos que impliquen amenazas a la seguridad interna de su país; también puede intervenir en casos externos que tengan nexos con entidades públicas o privadas en EE.UU o que involucren a funcionarios o ciudadanos estadounidenses, tanto víctimas como victimarios.

El FBI aparece en Colombia siempre relacionado con la Policía, el Ejército y la Fiscalía en investigaciones criminales, como el ataque terrorista contra la Escuela General Santander en Bogotá o la instalación militar en Cúcuta.

Hay dos casos de corrupción, muy sonados en Colombia, Reficar y MinTic, en donde el FBI está colaborando en la investigación porque están relacionados, como se dice atrás, con actividades financieras en territorio estadounidense. Es decir, en todos los casos el FBI entra a colaborar con organismos de seguridad o de investigación internos que, como se puede colegir, no es el caso de la Registraduría Nacional.

Lo más sagrado que puede haber en democracia es el proceso electoral. Por eso, los gobiernos invitan a veedores internacionales, países o agencias multilaterales, a que certifiquen que el poder popular se ejerció y manifestó en las urnas con pulcritud, imparcialidad y transparencia.

La Registraduría, se supone, debe sacar adelante las próximas elecciones con transparencia y pulcritud; y, si es que tiene sospechas o denuncias de eventuales ataques al sistema electoral, lo primero que tiene que hacer, antes que valerse del FBI, es poner los hechos en conocimiento de las autoridades respectivas.

En el contexto de los delitos electorales en Colombia, mientras no se conecten con intereses extranjeros, no se ve el papel debidamente justificado que el FBI pueda desempeñar. Si fuese así, ya debió habérsele pedido colaboración en el esclarecimiento de los hechos relacionados con la denuncia que puso en conocimiento de la Fiscalía el senador del Polo, Iván Cepeda, sobre el “plan criminal –dice-- que involucra a dirigentes del Centro Democrático, agentes de inteligencia militar, compañías de manejo de redes sociales, así como a periodistas y medios afines al uribismo”.

Otro ejemplo, más diciente, sería el caso de Aída Merlano que duerme tranquilo en las gavetas de los entes llamados a investigar, y que se sepa, no se ha acudido a la colaboración del FBI, y está bien.

Por lo tanto, Invitar a un organismo de inteligencia y contrainteligencia extranjero, así sea simplemente como observador o por mera sospecha de que puedan presentarse eventuales irregularidades en las próximas elecciones, es inaudito. En conclusión: no se ve motivo o razón que justifique la presencia del FBI en las elecciones del país el año entrante…

Y, si es que hay sospechas de ataques al sistema electoral, el registrador está en la obligación de informar primero a las autoridades internas, a los partidos políticos y a la opinión pública en general con el fin de buscar entre nosotros la solución porque, mientras menos se exponga la soberanía electoral del país a agencias extranjeras, y en este caso, a una de espionaje, mejor. Ya bastante tenemos con nuestros hackers criollos incrustados en nuestros propios organismos de investigación y seguridad  (Policía, Ejército y Fiscalía).

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Fin de folio.- ¿Cuántos debates de moción de censura ha adelantado el Congreso infructuosamente en los últimos 30 años? ¿Tiene sentido seguir intentando tumbar corruptos desde un Congreso corrupto?