El empobrecimiento de nuestra nación se debe en parte a la insuficiente capacidad de administrar los bienes esenciales de uso público. Razón por la cual, en Colombia casi todo ha sido entregado a particulares; los acueductos, los alumbrados, la recolección de basura, los puertos, los aeropuertos, las carreteras, la salud, infraestructura esencial para el progreso que genera utilidades y riqueza para los operadores, pero no para el Estado. Si estas ganancias estuvieran en cabeza de la Nación, podrían ser reinvertidas en obras de interés general o empleadas para financiar los servicios públicos esenciales y de esta manera el pueblo podría acceder a ellos a un menor costo. Tristemente, Colombia es un país débil, empobrecido y corrupto.
En cuanto al tema específico de los peajes, el cobro constituye un aporte económico obligatorio que hacen los conductores de vehículos, al transitar por una vía que ha sido concesionada. Con dicho recaudo se espera que los usuarios reciban como beneficio o contraprestación, el derecho de poder conducir su vehículo por una vía moderna, segura, señalizada y con servicios de emergencia si llegase a necesitarlos.
La incapacidad de gobernar, la falta de autoridad y el grado elevado de corrupción permiten que el Estado no esté en condiciones de administrar la infraestructura de las vías y los servicios públicos, desaprovechando la oportunidad de generar utilidades para el beneficio y la prosperidad general, negociando con los particulares la ejecución de estas operaciones, que benefician al sector privado, quien finalmente obtiene riquezas ejerciendo una función que podría ejercer el Estado.
En conclusión, el pago de peajes sería bueno si a cambio recibimos vías seguras, en buen estado y que faciliten la movilidad. Pero es malo si cobrando, no garantizan las condiciones mínimas de seguridad vial, como ocurre actualmente en muchos tramos.
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