Aunque de los comunicados del Gobierno se infiere que en el país no pasa nada, la dura realidad indica en forma persistente que sí pasa, y que lo que pasa es muy grave: una crisis institucional de proporciones mayúsculas, que no parece tener fin, y que, por el contrario, se extiende y agudiza día por día.
Y es que, de los muchos escándalos del régimen, sobre ninguno se ha llegado al punto final. Explicaciones -las más diversas y contradictorias- se dan en forma constante, pero no convencen; y como a los escándalos antiguos se unen los nuevos, los colombianos nos estamos acostumbrando a vivir en la zozobra y en las tinieblas acerca de lo que realmente acontece.
Por supuesto, el Gobierno y sus amigos todo lo minimizan y, exhibiendo gran habilidad, lo hacen ver como normal, con la eficaz ayuda de los medios de comunicación.
El asunto de las interceptaciones ilegales y el desvío de los instrumentos institucionales concebidos con propósitos distintos, hacia la persecución y el seguimiento de los magistrados, periodistas y opositores, desde un Departamento Administrativo -que, como tal, depende en forma directa del Presidente de la República- no son cosas de poca monta, ya que implican que el aparato estatal se pone al servicio de intereses oscuros. Que la autonomía de los jueces desaparece. Que se pierde la independencia profesional de los comunicadores, y que periclita la libertad política.
Mientras tanto, a “trancazos”, el Congreso aprueba la ley que convoca a un referendo para reformar la Constitución una vez más y con nombre propio, llevando al país, de nuevo, hacía otra reelección, que no producirá efecto distinto a la profundización de la crisis.
En efecto, la “parapolítica”, la “yidispolítica”, los “falsos positivos”, las interceptaciones ilegales, la inclinación de la balanza oficial para beneficio de la familia presidencial, la atomización de los partidos, la concentración del poder mediante la cooptación de todos los organismos -que deberían ser independientes-, la paquidermia de las investigaciones, las absoluciones contra evidentes, los enfrentamientos con la Corte, para mencionar algunos de los males que nos aquejan, tienen que ver con la reelección. Más que el Presidente en sí mismo, es la figura y el manejo que de ella se ha hecho, lo que ha generado la gravísima perturbación institucional por la que atravesamos.
Y todavía el Procurador se extraña de que la Corte Suprema pida una relatoría de la ONU.
