El movimiento promovido por los estudiantes universitarios a raíz de la presentación que hiciera el Gobierno de un proyecto de ley sobre educación superior merece cuidadoso análisis y toda la atención, tanto de las autoridades como de la sociedad colombiana.

En primer lugar debe destacarse el hecho de que los estudiantes, tras varios años de pasiva actitud frente a los problemas nacionales y de conformismo en relación con políticas públicas (lo último trascendente fue el Movimiento “Todavía podemos salvar a Colombia”, que, mediante la ingeniosa fórmula de la “séptima papeleta”, logró desencadenar el proceso de adopción de la Carta Política de 1991), se hayan organizado alrededor de unos objetivos razonables  -que se pueden resumir en la racionalización y democratización del sistema educativo-,  y que lo hayan hecho por vía pacífica, rechazando la injerencia y aprovechamiento de elementos extraños, como los grupos desadaptados y violentos, o los políticos interesados.

Nos parece que no se trata de una agrupación estudiantil coyuntural orientada simplemente a obtener el retiro de un proyecto de ley  -aunque ese haya sido el motivo inicial-  sino que estamos en presencia de un movimiento de juventudes con objetivos de largo plazo, animado por una voluntad participativa de carácter permanente que, hacia el futuro, influirá de modo determinante en el rumbo que tomen las grandes decisiones colectivas. Ello, desde luego, siempre que los integrantes de la organización sigan actuando razonada y pacíficamente, de manera coherente y sobre todo con una visión clara sobre su papel.

La certidumbre de que este proceso no es transitorio se deduce de la manera como hasta ahora se ha ido generando, desarrollando y fortaleciendo la protesta, a la que todos los ciudadanos tenemos derecho a la luz de la Constitución. Mientras sea pacífica y bien fundamentada, ella es bienvenida y debe ser vista por la sociedad como una renovada modalidad de la democracia participativa.

La verdad es que, en Colombia, aparte de los gremios y los sindicatos  -organizaciones que a veces aportan al interés general y en la mayoría de las ocasiones velan tan solo en procura de los intereses reducidos a sus afiliados-,  la gran sociedad colombiana carece de representación. No tiene voceros. De allí los abusos que contra ella se cometen por parte de muchos sectores, generalmente poderosos.

Se necesita estimular la creación y expansión de movimientos sociales fuertes que asuman la vocería de la población en materia de educación, salud, agua potable, ambiente sano, servicios públicos, y que logren comprometer a las autoridades en la efectividad de las tareas que les corresponden para convertir en realidad los postulados del Estado Social de Derecho.

Por eso, nos complace que en un asunto tan importante para las nuevas generaciones y para el futuro del país como lo es la educación, los estudiantes hayan logrado el archivo de un proyecto unilateral de carácter neoliberal, para sustituirlo por uno que surja del diálogo, del consenso, de la participación y que cuente con el aporte de los sectores interesados; que se discuta de cara al país. Un proyecto que no sea simplemente impuesto a los legisladores por los tecnócratas.