La captura e indagatoria de Alberto Santofimio como posible determinador del magnicidio cometido en la persona de Luis Carlos Galán Sarmiento dio lugar a muchas reacciones, especialmente en relación con el hecho de haberse obtenido algún pronunciamiento judicial sobre la investigación.
“Se ha tomado una gran cantidad de años, pero finalmente se está haciendo justicia”, expresó el expresidente César Gaviria Trujillo, quien llegó a la jefatura del Estado a nombre de Galán en 1990.
“La justicia cojea, pero llega”, han manifestado otros. “Se está haciendo justicia, por fin”, señalan algunos.
La verdad es que, según vemos, aplicando el anterior Código de Procedimiento Penal, pues se trata de delitos anteriores a la vigencia del nuevo sistema penal acusatorio, el proceso hasta ahora principia, al menos respecto de Santofimio. Al momento de escribir estas líneas, tan sólo ha rendido indagatoria y está a la espera de que se resuelva su situación jurídica en relación con la medida de aseguramiento.
Al parecer, nos encontramos bastante lejos de la definición sobre la responsabilidad penal del excongresista, y todavía más lejos de conocer toda la verdad acerca de los antecedentes y motivaciones del asesinato del líder político. La presunción de inocencia de Santofimio permanece incólume, ya que no ha sido desvirtuada, y mal se podría afirmar en este momento que se haya hecho justicia, en uno u otro sentido, en lo que toca con su culpabilidad.
No menos cierto es que han transcurrido ya casi dieciséis años desde aquella fatídica noche de agosto de 1989, y la justicia ha dado palos de ciego en relación con este proceso. Basta recordar los costosos errores cometidos con el señor Hubiz Hasbum, o con el famoso “hombre de la pancarta”.
Surge necesariamente la pregunta: ¿cuál es la razón para que hasta ahora se señale una dirección más firme al proceso judicial?
El delincuente declarante, “Popeye”, puede tener sus razones para declarar hasta ahora, pero creemos que la investigación penal no puede depender de la voluntad de un individuo arrepentido de sus crímenes, o de la oportunidad que éste escoja para añadir o modificar sus anteriores declaraciones. Sí así fuera, y si la voluntad de “Popeye” sólo le hubiera indicado que la declaración debía producirse apenas en su lecho de muerte o a la lectura de su testamento -quién sabe cuándo-, los colombianos tendríamos que esperar la ocurrencia de esos hechos para conocer la verdad sobre la muerte de Galán.
La paquidermia de la administración de justicia causa daño a la comunidad y a las personas, y conduce a la impunidad. ¿Qué nos puede decir la Fiscalía sobre los autores intelectuales del crimen cometido en la persona de Álvaro Gómez Hurtado? ¿Debemos esperar la declaración de algún arrepentido?
Nuestra justicia a veces llega, pero cojea demasiado, y eso no es admisible.