Una vez más insisto en que muchos de los problemas que tenemos los colombianos provienen de la falta de respeto a los principios. Se ha perdido la ética, inclusive al más alto nivel, y eso se contagia con mayor rapidez que la gripe porcina.
Aunque se trata por ahora de un asunto local, que en principio sólo interesa a los habitantes de Bogotá, el tema del precio del servicio de parqueadero nos permite referirnos al principio constitucional de la buena fe, que según la Carta Política debe imperar en las relaciones entre las autoridades públicas y los particulares, y que, además se presume.
Por otro lado, el mal ejemplo cunde, y ya se verá reproducida la situación que describiremos en las demás ciudades del país.
El postulado en mención implica, entre otras cosas, que las decisiones oficiales se adoptan en forma honesta, transparente, leal, sin intención perversa, soterrada o mañosa.
Si la buena fe no existe, esa relación entre el Estado y las personas se torna oscura, tortuosa, sobresaltada. La desconfianza impera y los fines del Estado Social de Derecho se frustran por completo.
En el caso de la referencia, se aumentaron los estipendios para los usuarios, de un día para otro, de una manera desproporcionada, y, lo peor, sin haber observado un principio mínimo de lealtad, y sin ninguna franqueza con la ciudadanía.
Las normas que venían rigiendo sobre las tarifas de los parqueaderos expresaban claramente que en el precio estaban incluidos los impuestos y demás costos administrativos. El usuario pagaba la tarifa y punto. En esa tarifa estaba comprendido tanto el elemento tributario como los costos de administración.
Pues bien, se anunció con bombos y platillos que el pasado fin de semana comenzarían a cobrarse en Bogotá las tarifas de los parqueaderos por minutos, supuestamente para mayor exactitud.
Pero los bogotanos fuimos sorprendidos en la práctica: había que pagar, además del precio, el IVA, que en esa clase de servicios es el 16%. Es decir, al menos en el 16%, -y les parece poco- se aumentó el precio, por cuanto la Administración eliminó las frases de la normatividad precedente que incluían los impuestos y costos administrativos en la tarifa, y por tanto los parqueaderos, aprovechando esa ventaja -que no sabemos si fue acordada con la administración-, procedieron de inmediato a trasladar el IVA en su totalidad al usuario.
En síntesis, se procedió al incremento de tarifas sin la necesaria transparencia por parte de la administración, que ocultó a la ciudadanía su verdadera intención, para no asumir el costo político correspondiente. Y una vez más, no se respetaron los principios.
