Aparte de la extrañeza que ha causado el artículo escrito por el Ministro Jorge Humberto Botero, de Comercio, en la página oficial de la Presidencia de la República en Internet (“Columnas del Gobierno”), bajo el título “Mal menor”, en el que se hace una apología de la tortura en situaciones hipotéticas,  la señalada publicación suscita gran inquietud en varios aspectos, a los que cabe referirse.

Ante todo, no se encuentra relación entre el tema tratado por el doctor Botero y su función dentro del Gobierno, pues resulta evidente que el asunto en referencia nada tiene que ver con las responsabilidades propias de su cartera. Y no sabemos si este es otro caso de un Ministro que habla “a título personal”, o si refleja  el concepto del Ejecutivo en la materia.

De otro lado, resulta preocupante, desde el punto de vista de la vigencia y efectividad de los derechos humanos en Colombia, que un Ministro de Estado proclame que -so pretexto de un imaginario conflicto entre la intangibilidad del derecho de toda persona a su integridad (a no ser torturada) y el interés general- pudiera siquiera contemplarse la posibilidad de torturar a un prisionero con el fin de obtener una confesión o unos datos.

Acogiendo la tesis del profesor de Harvard Michael Ignatieff, el escritor se sorprende de que el Derecho Internacional y la Constitución Política condenen al gobernante que practica la tortura, al enfrentar el supuesto dilema planteado: “… el de torturar a un individuo, así no se ponga en riesgo su vida o se le cause sufrimiento grave, o permitir que exista un genocidio…”.

La disyuntiva en que se funda Botero  -allí reside el sofisma de su análisis-  no existe en realidad, ni siquiera en el hipotético caso al que acude: que un grupo terrorista haya puesto una bomba en el muro de contención de una hidroeléctrica y que el delincuente capturado por la Policía se niegue a suministrar información para desactivarla. El Ministro parte del supuesto erróneo de que sería lícita en tal evento la tortura, y de que sería ella la única fórmula a la que podría acudir el Estado para una desactivación  de explosivos que todos los días se practica en Colombia por efectivos muy bien adiestrados de nuestra Fuerza Pública, sin necesidad de torturar a nadie.

No existe ningún fondo ético  en la propuesta del Ministro, toda vez que, en términos sencillos, el principio al que se acoge  -que ha hecho carrera dentro del Gobierno en otras materias-  consiste en sostener que el fin justifica los medios.

Me he preguntado, con mucha perplejidad, frente al escrito del doctor Botero: ¿Qué se pretende? ¿Se busca quizá comenzar, con el ejemplo, aparentemente inofensivo, un proceso de “ablandamiento” de la conciencia general acerca de la intangibilidad de los derechos humanos?

El escrito ministerial puede ser un “globo”, lanzado imperceptiblemente desde el sector menos esperado del Gobierno, para medir la mayor o menor aceptación de la opinión pública sobre el particular, e ir penetrando en la conciencia de los colombianos, con miras a la admisión colectiva de lo jurídicamente inadmisible: que el Estado se iguale a sus enemigos, acudiendo a procedimientos de tortura y de lesión de los derechos  humanos para alcanzar sus objetivos.

No parece tratarse apenas de una especulación intelectual propia de un estudioso del Derecho, en un plano puramente teórico,  ya que el propio Botero termina su columna afirmando: “En cualquier momento lo que es mera conjetura puede volverse ominosa realidad”.

Cabe preguntar si en el fondo lo que hay en este caso es una abierta instigación a la Fuerza Pública para que utilice esta clase  de procedimientos. ¿O ya los habrán utilizado?