En rueda de prensa presidida por el Jefe del Estado, Álvaro Uribe Vélez, con participación del Ministro de la Defensa, Juan Manuel Santos, y del Comandante de las Fuerzas Militares, General Freddy Padilla de León, se anunció que, previa investigación administrativa interna llevada a cabo por una Comisión Especial, fueron llamados a calificar servicios veinticinco miembros del Ejército, entre los cuales se cuentan diecinueve oficiales, tres de ellos generales de la República, por el caso de las desapariciones de jóvenes en Bogotá, Soacha y otros lugares, y que después aparecieron reportados como muertos en combate.
Las destituciones, en cuanto a los militares afectados, se pueden discriminar así: tres generales, once coroneles, tres mayores, un capitán y un teniente, y seis suboficiales.
El General Freddy Padilla De León, Comandante de las Fuerzas Militares, manifestó que los oficiales y suboficiales afectados por la decisión pasarán a disposición de la Fiscalía General de la Nación, en el aspecto de la investigación penal, y de la Procuraduría General, en la cuestión disciplinaria, para que respondan si son hallados culpables por los hechos criminales que se les imputan.
Aunque todavía no hay condenas que permitan, en el caso de cada uno de los destituidos, desvirtuar la presunción de inocencia, lo cierto es que si el Gobierno se ha visto precisado a adoptar semejante decisión –desde luego, valerosa- es porque algo muy grave ha ocurrido; se han puesto al descubierto unos hechos criminales ligados entre sí –todo parece indicar- por un mismo designio siniestro. Un monumental escándalo en materia de Derechos Humanos, de imprevisibles consecuencias para el prestigio internacional de Colombia, que puede equipararla a los regímenes más salvajes, y que –por supuesto- tenía que ser desenmascarado por el propio Ejecutivo, para neutralizar siquiera en parte sus efectos demoledores.
Si ha ocurrido lo que todos tememos -es decir, que en distintas localidades pobres del país hayan sido reclutados jóvenes necesitados, algunos con problemas mentales, para ser llevados mediante promesas, o por secuestro, a zonas de actividad militar, cobardemente asesinados y posteriormente presentados como miembros de grupos subversivos caídos en combate-, toda la estructura de la política de seguridad democrática es hueca y falsa; con ella, el primer engañado ha sido el Presidente Uribe; y, con él, toda la sociedad, que ha venido confiando en su Ejército. Los positivos han sido falseados, no por cualquier procedimiento, sino mediante el crimen.
Se ha tratado, por si fuera poco, de verdaderos crímenes de lesa humanidad, cometidos en contra de muchachos indefensos, aprovechando sus difíciles condiciones económicas, a los cuales –además- se los ha señalado post mortem como delincuentes, y se los ha enterrado en fosas comunes. Habrían podido permanecer desaparecidos para siempre, sin importar la angustia de sus familias, de no haber sido por hallazgos milagrosos, por datos que, relacionados con las desapariciones, y por coincidencias, llamaron la atención del país, merced a la actividad de los medios.
¡Terrible asunto! La Fiscalía, los jueces y la Procuraduría tienen la palabra.
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