Se acaban de cumplir sesenta años desde el día (10 de diciembre de 1948) en que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó el texto de la Resolución 217 A, mediante la cual adoptaba la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
La propuesta provenía de Eleanor Roosevelt, la viuda de Franklin Delano Roosevelt, y partía de la consideración esencial de que “la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”.
Apenas tres años antes había concluido el horroroso período de la Segunda Guerra Mundial, y el mundo venía contemplando con espanto lo que las tropas aliadas habían descubierto a su entrada en Alemania y en los territorios ocupados por ella: los campos de concentración; los huesos amontonados de los millones de víctimas; los traumatizados sobrevivientes del genocidio; las huellas de las torturas infligidas; las oprobiosas historias que sobre destrucción y muerte presentaban los testigos directos del Holocausto…, en fin, las naciones, después de muchos años de permisividad y miedo, se veían obligadas a unirse, al menos en las palabras, para buscar nuevos rumbos y para propiciar el respeto a la dignidad esencial de las personas.
Por ello, al proclamar la Declaración Universal, se consideró “que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado los actos de barbarie, ultrajantes para la conciencia de la humanidad”, por lo cual “la aspiración más elevada del hombre es el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias”.
Se trataba de un ideal, por el que se comprometían a luchar los Estados cuyos representantes firmaron la Declaración -la mayoría-, que quedaron obligados a adoptar “medidas progresivas” para el reconocimiento y aplicación universales y efectivos de los derechos y libertades, tanto entre los pueblos de los mismos Estados miembros como en los territorios colocados bajo su jurisdicción.
Empero, la realidad del mundo, sesenta años después de promulgadas tan loables directrices, es otra muy distinta, y al respecto basta enunciar algunos nombres y sucesos, que poco tributo han rendido a la Declaración en este lapso: Pinochet, Franco, Videla, Castro, Milosevic, Idi Amin, Somoza, Karadzic…; Bin Laden, Bush, pena de muerte, tortura, secuestro, Abu Ghraib, Guantánamo; la ETA, las FARC, el ELN, las autodefensas colombianas; agentes estatales que negocian cadáveres para falsos positivos…, si mencionamos apenas pocos ejemplos, sin abarcar más, por razones de espacio.
Tal parece que, parafraseando a Simón Bolívar, los firmantes de la Declaración de 1948 “araron en el mar y edificaron en el viento”. Los sesenta años siguientes al 10 de diciembre de ese año no han sido ciertamente los años de vigencia del respeto a la dignidad humana, ni los de actuaciones estatales ordenadas a proteger los derechos y la libertad.
