Está claro que el sistema carcelario colombiano es caótico; que el control de las cárceles no depende hoy  -como en todo el mundo-  de las autoridades, sino de funcionarios fácilmente corruptibles, y peor todavía, que ese control en muchos casos lo tienen los propios delincuentes.

También son conocidos fenómenos como el hacinamiento, el ingreso de elementos prohibidos al interior de los establecimientos carcelarios, y la vulneración de derechos humanos en muchas formas.

Ahora, a propósito del permiso otorgado al ex senador Martínez, quien a pesar de estar condenado por parapolítica sigue en campaña y sale de la prisión con el objeto de proseguirla, ha quedado en tela de juicio, además de la normatividad establecida en el Código Penitenciario y Carcelario, que es altamente permisivo, el criterio de evaluación de requisitos que para ese beneficio adopta el Inpec, y el que aplican los propios jueces.

Todo parece indicar que el comportamiento del recluso puede ser cualquiera, pero que si tiene poder  -como el que existe en cabeza de algunos condenados-, tiene derecho a disponer libremente de su reclusión y de su libertad, pasando por encima de los reglamentos y haciendo ineficaces las sentencias dictadas en su contra.

En cuanto al Gobierno, lo hemos visto impotente y protestando por este tipo de situaciones, pero sin ningún poder respecto a la aplicación de normas legales que no pueden ser más débiles.

El recluso, en cambio, dueño de su permiso cuando ha querido, se burla de la justicia y particularmente del fallo condenatorio, en virtud del cual fue sancionado precisamente por vínculos con la delincuencia para fines políticos, y que lo inhabilitó de por vida para ser elegido. Aunque la ejecución de la sentencia, por una paradoja inadmisible, le permite continuar ejerciendo su influjo sobre los procesos electorales a ciencia y paciencia de quienes deberían velar por una genuina correspondencia entre las razones tenidas en cuenta por la Corte Suprema al condenar y la actividad actual del condenado.

Lo que se está viendo en esta materia es el mundo al revés. El poder ejercido desde la cárcel, y las autoridades  -inclusive las superiores, judiciales y administrativas-  completamente maniatadas.

Lo grave de todo esto es que, lamentablemente, la sociedad tiene la impresión de que es verdad aquel dicho según el cual “la justicia es para los de ruana”. Porque para otros es un juego.

El sistema carcelario actual es inviable.