El Plan Nacional para la Prosperidad Social, del Presidente Juan Manuel Santos, es un adecuado desarrollo de los preceptos constitucionales, en especial del Estado Social de Derecho, en búsqueda de la igualdad real y material.
Si en el pasado se pensó en beneficiar a los ricos -recordemos AIS-, el Gobierno actual está pensando, al menos en teoría, en los pobres, y en extender a ellos los beneficios de una actividad pública orientada a conseguir que los bienes y servicios esenciales estén al alcance de toda la población, en particular la de menores ingresos.
Es lo que ha proclamado desde hace muchos años la doctrina de la Iglesia Católica, consignada en las encíclicas papales, desde León XIII en adelante: la justicia social. Una sociedad que presenta tan profundas desigualdades como las aquí existentes está al borde de un “tsunami social”.
Que se establezcan facilidades para el acceso de las familias a la financiación para atender sus necesidades primarias sin los obstáculos tradicionalmente establecidos por la banca, es un objetivo constitucional de primer orden que se denomina “democratización del crédito”. Que se programe la implementación de micro seguros de vida y de discapacidad para grandes sectores de la población carentes de recursos, significa un progreso enorme que de suyo justifica la acción social del Estado.
Que simultáneamente, si de golpe los partidos conservador y “de la U” lo permiten, se apruebe una ley de reparación a las víctimas de la violencia y una normatividad que permita restituir las tierras a sus verdaderos dueños, es algo que tiene un significado inmenso en materia de derechos humanos.
Si el Presidente Santos lograra hacer realidad lo previsto en sus excelentes proyectos, pasaría a la historia como uno de nuestros mejores gobernantes.
Contradictoriamente, sin embargo, el mismo Gobierno que busca alcanzar así las metas del Estado Social de Derecho, impulsa en el Congreso un Acto Legislativo que está por aprobarse, y que hará imposibles tan loables propósitos, porque representa la filosofía contraria: el que supedita toda la actividad del Estado en lo social a la llamada sostenibilidad fiscal.
Esa es una contrarreforma que eliminará de un golpe toda la estructura del Estado Social de Derecho, y que frustrará las iniciativas sociales de la administración Santos.
Ya sabemos lo que responderán invariablemente los organismos y funcionarios públicos de todos los niveles: “Usted tiene el derecho, y se lo reconocemos, pero no hay plata.”
