Producen desazón las destempladas acusaciones del gobierno contra dirigentes políticos de oposición dizque por estar apoyando algunas huelgas laborales y protestas sociales. Y da vergüenza pertenecer a un gremio periodístico que orquesta escenas de inquisición sobre las víctimas de turno. Pero, recordando a Luther King, nos debiera sobrecoger más el silencio de los buenos que la maldad de los malos.

En medio del malestar social que algunos valientes defensores de los derechos laborales y colectivos se atreven a manifestar en este tormentoso ocaso del régimen de Uribe, salió ese bien tildado ministro de la desprotección social a demonizar la huelga de los corteros de caña que reclaman un salario justo y la protesta indigenista que exige el resarcimiento de sus tierras usurpadas por paramilitares, parapolíticos, narcotraficantes y terratenientes, dizque por contar con apoyo logístico y económico de dirigentes políticos de la oposición.

¿Y qué? ¿Es que también constituye terrorismo en Colombia la lucha de clases? O será que José Obdulio, cabecera ideológica de Uribe, no sabe que el Contrato Social es un paradigma que mediante distintos pero convergentes modos de realizar el bien común y la voluntad general ha logrado a través del tiempo los cuatro bienes públicos esenciales a toda democracia: legitimidad del gobierno, bienestar económico y social, seguridad e identidad colectiva.

Que el régimen persiga a la oposición, ya es obvio. Y que los periodistas proclives al gobierno secunden su fascismo, también es explicable aunque por razones inadmisibles, especialmente aquellas que nos hablan de corrupción y chantaje. Pero que los acusados reculen temerosos ante la inquisición oficial y periodística, sí es un claro síntoma que se puede resumir en ese viejo dicho popular que dice “mal está el enfermo, ni come ni hay que darle”.

Cada quien es dueño de su propio miedo en el campo personal. Pero en el ámbito de la representación popular o de la dirigencia comunal sobreponer el temor individual a los intereses de la colectividad es traicionar la clase y su lucha social.

Mucho más grave resulta que los partidos políticos a los que pertenecen los parlamentarios señalados por el régimen de apoyar estos movimientos sociales permanezcan mudos. Uno podría hasta explicarse el silencio del resquebrajado Partido Liberal. Pero lo del Polo Democrático, orientado por un avezado constitucionalista, el ex magistrado Carlos Gaviria, conocedor como el que más de los derechos fundamentales, entre otros el de la libertad de pensamiento, argumento que por demás le permitió tumbar como ponente ante la Corte la tarjeta de periodista, da grima.

¿Puede un parlamentario con su sueldo apoyar legalmente una marcha pacífica de ciudadanos o un cese de actividades? Claro que sí. Solamente a un sibilino como el ministro de Protección y Seguridad Social o a un periodista proclive a la corrupción se les ocurre que no, aduciendo que el salario de un funcionario público sigue siendo público aún después de habérselo ganado con su trabajo.

¿Y puede uno (cualquiera) ideológicamente apoyar un movimiento que no es subversivo ni terrorista (aunque pueda tener o dar pábulo a subversivos y terroristas infiltrados? Claro que también.

En tales casos, es obligación de los organismos de investigación e inteligencia del Estado enjuiciar a los subversivos y terroristas que aprovechan las huelgas de los trabajadores y las marchas cívicas para infiltrarse y poner en peligro la estabilidad del Estado, si es que este argumento se construye en derecho. Pero no se puede calificar de subversiva o terrorista la huelga o marcha en sí misma, y con tan peregrino argumento, sindicar a un dirigente político, sindical o cívico de auspiciar el derrocamiento del gobierno legítimamente constituido, aunque en el caso de Uribe, mejor ni le arrimemos candela a ese rabo.