La tendencia actual de muestro sistema jurídico en cuanto se refiere a los drogadictos, en especial desde el año 1994 cuando fue proferida la sentencia de la Corte Constitucional que despenalizó la dosis mínima de narcóticos, ha sacado el problema del campo penal y lo ha transferido al de la salud. Quien infortunadamente ha caído en la adicción es un enfermo y así lo ve en la actualidad el Estado colombiano.

 

Inclusive en el Acto Legislativo 2 de 2009, que estableció de manera tajante la prohibición del porte y consumo de estupefacientes o sustancias sicotrópicas establece:

 

“Con fines preventivos y rehabilitadores la ley establecerá medidas y tratamientos administrativos de orden pedagógico, profiláctico o terapéutico para las personas que consuman dichas sustancias”

 

(...)

 

“Así mismo el Estado dedicará especial atención al enfermo dependiente o adicto y a su familia”.

 

Ahora se ha complementado el sistema con la expedición de una ley indispensable: la que ordena al Estado asumir con recursos públicos todo lo referente al tratamiento y recuperación de estas personas. Es lo propio de un Estado Social de Derecho.

 

Por otra parte, la Constitución ordena al Estado adelantar en forma permanente campañas de prevención contra el consumo de drogas o sustancias estupefacientes, porque entiende que en la función preventiva se ha trabajado muy poco.