Universidad  y apropiación social del conocimiento

Por OMAR HUERTAS DÍAZ

Recientemente, salió a la luz pública el resultado de una de las estratégicas iniciativas del gobierno: “La reforma a la justicia”, iniciativa que después de dos años  de discusión generó en 29 artículos polémicos: cambios a la Constitución Política, a la Administración de Justicia, y al Congreso de la República.

La iniciativa, que  intentò modificar 32 artículos de la Constitución Política y crear uno nuevo, proponía el traspaso de funciones jurisdiccionales a particulares como abogados, notarios y centros de conciliación,  aumento de la permanencia de los magistrados por un periodo de 8 a 12 años para el desarrollo de líneas jurisprudenciales, eliminación de la comisión de investigación de la Corte Suprema de Justicia, creación de la doble instancia  para el juzgamiento de congresistas, y eliminación del Consejo Superior de la Judicatura reemplazado por el Consejo Nacional de Disciplina Judicial.

La reforma o iniciativa gubernamental fracasada protegía a los congresistas que se encuentran investigados, algunos de ellos por parapolítica o yidispolítica, Agro ingreso seguro o las chuzadas del DAS, debido a que estas investigaciones podían concluir, y quienes se encuentran detenidos serían puestos en libertad. Además los procesos  que se adelantan en contra de los congresistas por  pérdida de investidura debido al nuevo régimen de inhabilidades quedarían sin resolver.

¿Esto es realmente una reforma a la justicia?, ¿esto es una verdadera iniciativa gubernamental? de tajo la respuesta es NO, se trata de un simple capricho del de quienes componen el órgano legislativo que por medios corruptos pretendían solucionar los problemas señalados y por supuesto los procesos en los que se encuentran involucrados un grupo significativo de los congresistas.

Ahora, es evidente que las modificaciones que  intentaron aprobarse no mejoran la situación ni del país, ni  de la administración de justicia, y contrario a ello es una propuesta conveniente solo para unos pocos, y realmente para quienes transgredieron los mandatos constitucionales y la confianza que la ciudadanía entregó; quedan de lado dos cuestionamientos bien importantes, la primera recae sobre la memoria del país entero, es decir, ¿será que el país recordará para las próximas elecciones y todas las elecciones futuras, quienes fueron los artífices del documento que más allá de ser una propuesta legislativa son el soporte de la corrupción y de la poca transparencia existente en el congreso?, es que acaso elegimos a nuestros representantes para la gestión de un beneficio común o para la consecución de  sus propios intereses que van en dirección contraria al bienestar de todo un país. Y la segunda.  se trata -en el mismo sentido de  la poca transparencia del congreso- del mandato que integra el acto legislativo número 1 de 2011, y es que este no obliga a que los congresistas se declaren impedidos para votar por una Reforma constitucional que de entrada beneficia a quienes la aprueban, a ellos mismos. La pregunta final es entonces, si el legislador propone y aprueba propuestas legislativas –en este caso la reforma a la justicia y acto legislativo 1 de 2011- que favorecen a toda Colombia, o las aprueban simplemente lo hacen simplemente a su medida, eso es nada más ni nada menos que “legislar a la sastre”.

Omar Huertas Díaz

Grupo de investigación Derechos humanos, derecho penal, derecho disciplinario y garantías judiciales.

Universidad Libre, sede Bogotá