Dicen los directivos del Congreso  -concretamente los presidentes de Senado y Cámara-  que esa institución, reconociendo sus errores del pasado, quiere reformarse a sí misma; que desea recobrar la confianza de los colombianos, hace años perdida, y levantar la moral de sus integrantes tras la estrepitosa caída de la reforma a la justicia.

 

Dentro de ese criterio, dicen esperar las iniciativas del Ejecutivo en distintas materias, las cuales todavía no llegan. Hay anuncios, pero nada en concreto.

 

La impresión que tenemos en general es la de que el Ejecutivo está perplejo, y que a raíz de los traspiés de la pasada legislatura, no se atreve a presentar proyectos porque no sabe el rumbo que debe darles desde el punto de vista político, o porque desconfía del apoyo que pueda encontrar tanto en las cámaras como a nivel de la opinión pública.

 

Así, por ejemplo, después de haber echado pie atrás en lo relativo a la reforma educativa, por causa de las marchas y protestas estudiantiles, no tiene en realidad un proyecto consolidado, dialogado y debatido con la organización estudiantil, ni con los académicos y profesores, por lo cual teme equivocarse de nuevo.

 

Otro tanto pasa con la reforma a la justicia, a cuyo respecto la nueva Ministra sostiene que no requiere una enmienda constitucional  -lo hubieran dicho antes el Presidente y los antecesores de la doctora Correa, habrían evitado el estropicio-,  si bien de todas maneras serán necesarias algunas normas estatutarias que sólo el Congreso puede discutir.

 

Además, en ese tema, no puede olvidarse la existencia de dos proyectos de ley ya presentados por los congresistas Vélez Uribe y Gómez Martínez, mediante los cuales se propone la convocatoria de una Asamblea Constituyente. Ambas iniciativas aluden a la administración de justicia como punto básico que sería objeto de la reforma constitucional.

 

Con la administración de justicia también se relaciona el gravísimo problema de las cárceles  -una bomba de tiempo a punto de estallar-,  en el que brillan por su ausencia las iniciativas gubernamentales, a no ser la de sacar de las cárceles a 20.000 condenados, que la ciudadanía  -con razón-  no acepta. Ya el grado de hacinamiento de los reclusos y las pésimas condiciones de higiene y salubridad se muestran como intolerables, al punto de haberse generado una verdadera crisis humanitaria en varios centros de reclusión.

 

El Congreso anuncia a este respecto que aplicará severamente el control político, y ya veremos si lo ejerce o no. Pero la emergencia es evidente, y las soluciones no pueden seguir siendo postergadas.

 

El Gobierno, por otra parte, no se decide a presentar su famosa reforma tributaria. Y en cuanto a la pensional, no tiene claro para dónde va ni qué pretende.

 

Y ni hablemos del enorme conflicto armado en el Cauca, ni de la situación  -no menos grave-  de la seguridad en el país.

 

Un panorama desolador, y un Gobierno sin brújula, con un barco en medio de la tormenta.