POR JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO

 

Imagen imuemmanuel.org

 

La investigación que se adelanta sobre el atentado del 15 de mayo contra el ex ministro Londoño ha puesto de presente una vez más que los terroristas tienden a llevar a cabo sus crímenes mediante la utilización de menores.

 

De otra parte, las cifras que se han dado a conocer en reciente estudio del Bienestar Familiar sobre el reclutamiento de menores por parte de las organizaciones guerrilleras y criminales permiten concluir que el terrorismo acude a ese sector de la población para engrosar sus tropas, obligando a los niños y jóvenes a la delincuencia desde temprana edad, lo cual constituye una afrenta para la sociedad colombiana y una evidente y grave violación del Derecho Internacional Humanitario.

 

Y todos los días se conoce sobre crímenes horrendos cometidos en distintos lugares del país contra los niños, sin que se haya asumido el tema de su protección como verdaderamente prioritario. Que debería encabezar la agenda de las instituciones públicas correspondientes.

 

Las familias, la sociedad y el Estado incurren hoy en inocultable omisión en lo relativo a la práctica de ese principio constitucional tan claro y tan quebrantado en Colombia: el que proclama que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.

 

Por el contrario, los menores se encuentran confiados a los adultos irresponsables que no los cuidan, y a merced de los peores criminales. Y la colectividad ha fracasado en su defensa.