PARTICIPANDO CON EL DISCURSO DESDE LA ACADEMIA

 

 

Siempre que se habla de terminar un conflicto armado interno y particularmente de las condiciones del colombiano se generan una serie de inquietudes –entre ellas, la más importante- qué hacer sobre todo con los comandantes y en general con todos los excombatientes de los actores políticos armados en negociaciones con el Gobierno.

Hasta hace algún tiempo el problema se resolvía a través de la figura del “delito político”, que llevado al Código Penal se traducía en una institución jurídico-política, que consistía en que todos los delitos cometidos por los rebeldes se asimilaban a delito político por la figura de la conexidad y en consecuencia eran objeto de amnistía e indultos, tal y como aconteció con los grupos  –M-19, Quintín Lame y EPL.

 

Hoy por hoy, ya no es tan simple la cuestión, por cuanto los tratados internacionales de Derechos Humanos y las decisiones de las cortes Internacionales, han establecido límites que las legislaciones nacionales deben respetar  en interés de los derechos de las víctimas y en interés de la justicia, es lo que el mismo presidente denomina las líneas rojas, que en términos de negociación son infranqueables, esto es innegociables.

 

Para materializar el derecho a la paz de los colombianos nos enfrentamos ante un “dilema” comprendido, no como el hecho de que no tenga solución, sino en el sentido de que es una “situación problemática” como diría el maestro Baratta, es decir, nos enfrentamos de un lado con el interés de la justicia, el derecho de las víctimas y el respeto por los tratados internacionales de derechos humanos y de otro lado el interés de la sociedad civil y su legítimo derecho a vivir en paz postulado plasmado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, entonces el dilema a resolver consiste en determinar si en dicha tensión puede el Estado y los actores políticos armados llegar a una negociación y en caso positivo qué es lo que pueden negociar, en síntesis cuales son los acuerdos a que pueden llegar.

 

Ahora bien, dicho dilema nos lleva a plantear de un lado los intereses de la justicia, los derechos de las víctimas de las violaciones de los derechos humanos y que el derecho internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario  no permiten la impunidad y del otro, los intereses de los excombatientes que en su imaginario y representaciones no pretenden ser condenados, ni quieren ir siquiera un día a la cárcel, situación entendible pues han combatido al Estado, su Gobierno y sus fuerzas armadas, por un período superior a los 50 años de manera continua, lo cual les ha garantizado la posibilidad de sentarse cara a cara en días anteriores en Noruega  con el propósito de adelantar una agenda para acabar el conflicto armado interno en Colombia y a partir de hoy en Cuba comienzan las discusiones que todos los colombianos debemos creer llegaran a un acuerdo para lograr la paz tan anhelada por muchas generaciones.

 

Comprendo que la formación de nuestro presidente Juan Manuel Santos Calderón corresponde a la mentalidad inglesa, es decir, de sentido práctico y de un gran sentido común, pues, sin discusiones teóricas profundas como los franceses, quieren la paz para nuestro país y así lo ha señalado que aunque no fue promesa para los colombianos lograr la paz, él siente que tiene el compromiso como Jefe de Estado de facilitar las condiciones para negociar con los contradictores armados, en este caso las FARC-EP, a fin de ponerle término a un conflicto armado irregular y de una prolongación indefinida.

 

Así las cosas, propongo a la sociedad colombiana una formula simple: en primer lugar, acudiremos a la solución que nos ofrece la Carta Política de 1991: el Legislador y el presidente de la República pueden conceder amnistías e indultos por delitos políticos. Es claro que los “actores políticos armados” de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC-EP, son delincuentes políticos  tradición recogida desde el mismo hecho de su nacimiento en la década de los 60s hasta la actualidad –la actitud del anterior gobierno en el sentido de estigmatizarlos como terroristas corresponde a una decisión política, que hoy, con ese mismo sentido, el Gobierno actual ha dejado de utilizar , reconociéndolos como actores importantes para llegar a un acuerdo en una mesa de negociaciones y para tal cometido ha acudido a gobiernos amigos que se han vinculado a la facilitación de dicho proceso, ya lo decía Rafael Uribe Uribe el delincuente político de hoy, perseguido como criminal es el héroe del mañana. Es más, en el Derecho internacional está prohibido negociar con terroristas, si el gobierno negocia hoy con las FARC-EP, es porque en su criterio dicha organización no lo es, luego queda el camino despejado para llevar un buen proyecto de ley de amnistía e indulto según el caso, liderado por el gobierno y que le dé una apertura a la reintegración a la vida civil de los excombatientes.

 

Con sentido patriótico- creí que en mi vida utilizaría este término- propongo a la sociedad colombiana conceder amnistía e indulto general, según el caso, para todos los actores políticos armados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC-EP condicionando a que es el Estado colombiano, traducido en su sociedad civil, Congreso de la República, administración de justicia y el Ejecutivo asumirán los costes y costos sociales que ello implica para reparar sea económica o simbólicamente a las víctimas del conflicto armado y salvaguardar los intereses de la justicia, comprometiéndose el Estado Colombiano a construir un gran monumento de la memoria histórica que recoja los distintos momentos de nuestra violencia política para que todos los colombianos y colombianas podamos visitarlos, recordarlos de manera permanente y jamás olvidarlos para que dichos hechos reprochables  no vuelvan a repetirse jamás.

 

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(*) Omar Huertas Díaz, Mg.

Profesor Asociado

Grupo NULLUM CRIMEN SINE LEGE  - U.N.

Bogotá, D.C., Campus Universidad Nacional de Colombia, noviembre 19 de 2012