Después de actuaciones ilegales y torpes en lo político por parte de sus funcionarios, el jefe de Estado debe ponerse por encima de pendencias que solo afectan la ciudad, mientras Petro debe encarar los retos con una actitud más dialogante

 

 

Foto archivo de EL TIEMPO

POR JOHN MARIO GONZÁLEZ

 

Que funcionarios del Gobierno Nacional en una interpretación acomodaticia de la Constitución Nacional y de la ley se vayan lanza en ristre contra la administración de Bogotá no solo no tiene antecedentes, sino que es ilegal y es una torpeza política.

 

Como diría el refrán, presidente Santos, el palo no está para hacer cucharas. Tiene suficientes frentes de batalla abiertos, como la pérdida de mar con Nicaragua, la continuación del paro de Asonal, las negociaciones con las FARC, la incisiva oposición del expresidente Uribe, para que ahora por cuenta de darle rienda suelta a unos cuantos funcionarios el presidente termine comprando un pleito innecesario con la administración Distrital que bien parece una arremetida antidescentralista al mejor estilo de las de Chávez.

 

En este litigio el primero que pierde es Bogotá. Pero también pueden perder, y mucho, tanto Petro, quien apuesta casi todo su capital político con el tema de las basuras, como Santos si asume como suya una contienda temeraria. Por la vía de convertir a alcalde en víctima y mártir de una causa el presidente puede abrir un boquete por donde se le pueda escapar buena parte del margen de gobernabilidad.

 

Por ello urge la necesidad de recomponer las relaciones entre el Gobierno Nacional y la administración de la ciudad de verdad a verdad, incluyendo la conveniencia o no de que la Consejera para Bogotá Gina Parody siga en su cargo. En su corto ejercicio la Consejera se atribuyó facultades que no tiene y una vez consumados sus errores intentó con argucia poner al presidente de por medio al formular que el alcalde había irrespetado al presidente.

 

La Consejera debe entender que no solo se logra ganar elecciones unipersonales en virtud del respaldo ciudadano en sí, del reconocimiento, sino también gracias a la menor resistencia que se tenga. Con sus posturas, es posible que esté enterrando para siempre sus posibilidades de convertirse en burgomaestre de la ciudad, muy a pesar de su juventud.

 

En lo que concierne específicamente a las relaciones Nación y Distrito no tiene presentación que cada dos meses ocurra una crisis y se esté acordando una nueva reunión para superar las asperezas. Sería bueno que el presidente Santos llamara al orden a sus filas y prestara todo su concurso para que la recolección de basuras en la ciudad por parte del Acueducto a partir del 18 de diciembre sea exitosa, al igual que en el intrincado número de temas que atraviesan las relaciones Nación y Distrito. El presidente Santos debe saber que él está por encima de pendencias como la mencionada y que la opinión sabrá retribuírselo.

 

El alcalde Petro también debe saber que debe asumir una actitud más dialogante y preocuparse de elevar el nivel técnico de sus funcionarios so pena se le descarrilen varias de sus mayores apuestas. Ya la opinión tendrá la oportunidad de dilucidar si hubo improvisaciones y falta de gerencia.

 

Ahora bien, ello en lo que corresponde al punto de vista político y de coordinación y concurrencia que asiste a la administración pública, pero desde la perspectiva legal, ¿a qué horas un nutrido grupo de funcionarios públicos se les ocurre que en materia de servicios públicos los alcaldes tienen que circunscribirse al principio simple y puro de la competencia?

 

La ligereza con que han manejado el tema de las basuras en Bogotá desdice mucho de la idoneidad con que el Superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, el Superintendente de Servicios Públicos, César González, y la Directora Ejecutiva de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, Silvia Juliana Yepes, están defendiendo los intereses de los colombianos y en particular de los usuarios.

 

Con sus interpretaciones en los medios y su actuación están desconociendo el artículo 365 y 367 de la Constitución Nacional que consagra el régimen de los servicios públicos, el 322 y 287 que instituye el principio de autonomía territorial, en particular la de Bogotá, y un sinnúmero de apartes de la ley 142 de 1994, entre ellos el artículo 6, el 7.2, el 15.3, además de la sentencia T-724 de 2003 de la Corte Constitucional y diversos de sus autos. Como bien lo señala el expresidente de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández Galindo, la libre competencia no prevalece sobre las normas superiores si éstas señalan unas reglas específicas de  modo imperativo, y por tanto esa libertad no es aplicable cuando la Constitución y la ley facultan a los municipios a prestar servicios públicos de manera directa.

 

Hay que celebrar, eso sí, que haya funcionarios dispuestos a defender la libre competencia, pero donde la Constitución la haya fijado. Y el Superintendente de Industria y Comercio cabría recordarle que tiene una colosal tarea en materia de telefonía celular. Lo que más bien parecieran defender los referidos funcionarios es una trasposición del principio mismo de la concesión, para que pierda su elemento de temporalidad y se prorrogue a perpetuidad. La libre competencia en saneamiento básico no existe en Bogotá ni siquiera ahora, donde lo que funciona son unas áreas de servicio exclusivo.

 

Es tal la apuesta del alcalde Petro de inclusión social de los recicladores y de transformación ambiental con la separación en la fuente de las basuras que antes que ponerle palos en la rueda debería tenerse una posición tolerante a partir del 18 de diciembre, en donde seguramente surjan inconvenientes en la recolección de las basuras como parte de un proceso de transición. El propósito de fondo debe ser que la administración Distrital acierte como también el Gobierno Nacional.