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Se habla mucho por estos días en Colombia del acto legislativo No.1 del 2005 que prohibió las mesadas pensionales superiores a 25 salarios mínimos, no obstante lo cual, existe un grupo de privilegiados que se mantiene por encima de la Constitución, entre ellos, los mismos parlamentarios que, obviamente, aprobaron la reforma.

 

“El ajuste ético” es un viejo título de una columna que publiqué en El Espectador, por allá en 1996, recién absuelto el presidente Samper por el Congreso dentro del sonado “Proceso 8.000”, para señalar que el mayor daño causado al país por el narcotráfico no era ni a la economía ni a la política, sino a la ética.

 

Al cabo del tiempo, la economía nacional se ha ‘lavado’ la cara, y la política trata de depurarse, si se toma por los tantos reos que han dado con sus huesos en la cárcel. Aunque aquí, como en el sabio refrán… “los gatos y los políticos siempre hallan una ventana abierta por donde volver a casa”.

 

La ética en cambio y desde entonces, es más laxa. Al punto que si se hiciera un parangón entre el antes y el después del Proceso 8.000, podría afirmarse, sin mayor riesgo de imprecisión, que la ética en Colombia terminó por ser eso que en su inmenso poder de síntesis el docto vulgo llama “un saludo a la bandera”…

 

Al final del citado acto legislativo, se pueden ver las firmas de los magnos dirigentes de este país que avalan la promulgación:

 

El Presidente del honorable Senado de la República, Luis Humberto Gómez Gallo, condenado en mayo del 2011 por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia a nueve años de prisión por el delito de concierto para delinquir en el proceso que se le adelantaba por su nexos con el denominado "bloque Tolima" de las Autodefensas.

 

La Presidenta de la honorable Cámara de Representantes, Zulema del Carmen Jattin Corrales, hija del exsenador,  Francisco José Jattin (de triste recuerdo), exesposa de Gómez Gallo (el mismo de arriba), enjuiciada también por parapolítica tras ser señalada por "Jorge 40", Salvatore Mancuso  y Rodrigo Mercado Pelufo, alias “Cadena”, quienes dijeron haber  trabajado, metralleta en mano, en su campaña electoral. Fue entonces cuando se puso de moda la renuncia de los congresistas a sus curules con el fin de sacarle el cuerpo a la por entonces impoluta Corte Suprema de Justicia.

 

Junto a la firma de estas “joyas”, aparecen los secretarios de Senado y Cámara, Emilio Otero Dajud, el poder detrás del trono y Angelino Lizcano Rivera, investigado por haber participado en el asesinato de la familia Turbay Cote, según versión de la columnista de El Espectador, Cecilia Orozco Tascón, rectificada oportunamente por el afectado quien, más tarde, accede al cargo de magistrado (Presidente) del Consejo de la Judicatura, y ¡oh gloria a Dios!, asume como tal la investigación por el carrusel de pensiones denunciado por la prensa en la rama judicial.

 

El acto en mención, fue expedido en el gobierno del presidente Álvaro Uribe (ni hablar), siendo ministro de Hacienda el inefable Alberto Carrasquilla (por ahí anda pontificando nuevamente en los medios sobre moral) y de Protección Social, Diego Palacio, con sus abultadas cuentas pendientes con la justicia por su evidente participación en la famosa “Yidispolítica” que permitió la reelección en el 2006 de Uribe.

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Fin de folio: Por ahí anda el presidente Santos ganando aplausos con la depuración de leyes innecesarias que pueblan la jurisprudencia colombiana. ¿Qué tal si hacemos el ajuste ético y derogamos todas esas leyes y actos legislativos avalados por confesos y convictos parlamentarios y ministros que adornan la galería de presos ilustres en las cárceles colombianas? Y ni hablemos de los presidentes del ’90 en adelante…