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Estaría muy bien que el Consejo de Estado, abandonando momentáneamente su práctica actividad política –que institucionalmente no le corresponde- diera cumplimiento a las normas constitucionales y legales sobre la edad de retiro forzoso de los magistrados, que, por si no lo recuerdan, es de 65 años contados a partir de la fecha de nacimiento de la persona y no desde el momento en que ingresó a esa ilustre corporación.

 

Lo decimos porque está sobre el tapete el caso  de un consejero de Estado que llegó ya desde hace varios meses a la edad de retiro forzoso -65 años- y como que no se ha dado cuenta. O quizá me equivoco. Tan se dio cuenta el día del cumpleaños, que presentó una extraña demanda de tutela para que, a pesar de la edad, le permitieran permanecer en el cargo. Contra toda norma y jurisprudencia, se la concedió el Consejo de la Judicatura, y allí ha permanecido, en su función,  hasta ahora, como si tuviera pseudópodos.

 

Pero la Corte Constitucional anuló lo actuado, de modo que el abogado en referencia, que ahora tan solo es un particular, debería abandonar el cargo. Pero, apartándose de la sabia enseñanza de Benedicto XVI, sigue aferrado a un empleo que ya no le corresponde, y el Consejo de Estado le permite seguir ejerciendo, poniendo en riesgo la validez de sus propios actos, y más aún la responsabilidad penal, fiscal y disciplinaria de sus miembros. 

 

Atención, señores magistrados… La solidaridad entre colegas no puede llegar a tanto.

 

Desde luego, esta crítica no se refiere a todos los consejeros de Estado, sino solamente a los que favorecen a uno de sus compañeros contra la Constitución y la ley.