POR JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO
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Tal parece que el derecho fundamental a la intimidad, que se consagra en las constituciones modernas y en los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, está pasando al cuarto de los muebles viejos e inservibles. Contra él conspiran los modernos avances de la tecnología, el ingenio de los “hackers”, la enfermiza búsqueda de la “chiva” por parte de los medios de comunicación, los “paparazzi”, las centrales de riesgos de los bancos…y por supuesto los Estados, con el formidable poder político e informático del que son titulares, normalmente parapetados en la disculpa de que su actividad violatoria de la privacidad tiene por objeto la lucha contra el terrorismo y la delincuencia. Desde luego, a la lista de los enemigos del derecho a la intimidad es necesario añadir precisamente a las organizaciones delictivas y criminales.
Así las cosas, no es de extrañar lo ocurrido por estos días en los Estados Unidos, cuando el ex analista de seguridad Edward Snowden ha puesto en jaque al gobierno del Presidente Barack Obama, al divulgar numerosos documentos reservados en los que se da cuenta de los planes oficiales de espionaje e interceptación ilegal, que tienen por víctimas potenciales a todos los ciudadanos norteamericanos, y hasta a los gobernantes de otros países, como en el caso de la cumbre del G-20 en Londres en 2009.
El artículo 15 de la Constitución colombiana, que hasta ahora no ha sido reformado ni derogado, reconoce el derecho fundamental a la intimidad, que corresponde a toda persona y a toda familia. Cada cual es dueño de un ámbito propio e inviolable, que no puede ser interferido ni invadido por otros, menos todavía por el Estado o por sus agentes, quienes, por el contrario, tienen la obligación de respetar y de hacer respetar ese derecho, garantizando su normal disfrute, sin discriminaciones, a todos los asociados.
De los asuntos que solamente interesan a la persona o a su círculo familiar no deben estar empapados los terceros, ni los medios de comunicación, ni la policía, ni los gobernantes.
Por eso, el artículo en referencia, que -como digo- se encuentra también en los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, consagra que la correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables, y que sólo pueden ser interceptadas o registradas mediante orden judicial, en los casos y formalidades que establezca la ley.
Pero, como en Colombia tenemos la tendencia a copiar, no lo bueno pero sí lo malo de las prácticas foráneas, ya se expidió una legislación que, bajo el amenazante nombre de PUMA, faculta a las autoridades de policía para que, con la excusa de perseguir delincuentes y de prevenir ataques terroristas, puedan ingresar al ámbito de las comunicaciones interpersonales e invadir la órbita privada en las redes sociales, en los celulares, en los correos electrónicos, en las llamadas telefónicas por Internet…En fin, el ojo escrutador del Gran Hermano que el escritor George Orwell preveía para 1984, y que se demoró unos años, pero que está llegando con toda la fuerza de los adelantos tecnológicos, para acabar con la vida privada de los seres humanos. Como la “ética” de moda en el mundo está regida por la consigna maquiavélica según la cual el fin justifica los medios, bien estará –dicen los gobiernos- arrasar con la intimidad de todos los habitantes si con ello logramos la captura de uno o dos terroristas. Y Colombia –dirá el doctor Santos- no se podía quedar atrás, aunque se quede escrita la garantía constitucional de la intimidad.
