Anuncia el Gobierno que por conducto del nuevo Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Germán Vargas Lleras, entregará 100.000 viviendas gratis con las cuales se beneficiarán aquellas personas sin posibilidad de obtener créditos.

Aunque la intención parece ser buena, el anuncio tiene todas las características de una empresa electoral, probablemente con miras a la reelección del Jefe del Estado. O a una candidatura futura del Ministro Vargas, quien pasó del primer ministerio, en el orden de precedencia legal, al ministerio número 13 en esa misma escala.

Con independencia del trasfondo político, desde una perspectiva jurídica nos parece pertinente citar, como lo hicimos en esta columna con los programas de Agro Ingreso Seguro, el artículo 355 de la Constitución de 1991, que dice: “Ninguna de las ramas u órganos del poder público podrá decretar auxilios o donaciones a favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado.”

Desde luego, no es el objeto de este escrito expresar una oposición anticipada a las medidas que adopte el Gobierno para dar cumplimiento a la promesa presidencial. Mal podríamos hacerlo cuando el argumento básico del Ejecutivo consiste en el énfasis requerido en el aspecto social. Y hasta podría aducirse a favor de la iniciativa lo estipulado en el artículo 1 de la Constitución, que consagra el Estado Social de Derecho, hoy aplazado  -también por iniciativa de este Gobierno-  mediante el Acto Legislativo que introdujo la fatídica “sostenibilidad fiscal”. Y también podría traerse a colación el artículo 13 de la Carta Política, que señala: “El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medias en favor de grupos discriminados o marginados”.

No obstante, es indispensable que los pros y los contras de este proyecto oficial se examinen con cuidado.

Veremos lo que al respecto digan el Procurador General y la Contralora General de la República.

Además, precisamente por razones de igualdad, resulta indispensable una consideración acerca de los beneficiarios que sean seleccionados por el Gobierno, o por los alcaldes, para recibir la donación en referencia, toda vez que hasta ahora comienzan los asesores gubernamentales a implementar las reglas aplicables, y por supuesto, no sabemos qué tipo de personas clasificarán como las más pobres. Ante los millones de pobres absolutos existentes en Colombia, tendrá que señalarse un criterio para escoger a los 100.000 elegidos.

¿Exigirán el carnet de Cambio Radical?