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La inseguridad que impera en Argentina ha tenido que ver –según dicen las autoridades argentinas- en gran parte, por bandas de delincuentes en cabeza especialmente de colombianos y chilenos.
El secretario de Seguridad del Gobierno, Sergio Berni, afirmó en el mes de agosto que: "Durante este fin de semana hemos detenido más de 60 delincuentes extranjeros que vienen a Argentina únicamente a delinquir y esto se debe a la laxitud del sistema judicial y del sistema penitenciario".
Cristina Fernández respaldó su proyecto -en lo que tiene que ver con la seguridad de los argentinos-, en los índices de inseguridad que presenta el país que gobierna. Por radio y televisión agregó que: "Se expulsará a los extranjeros que sean sorprendidos cometiendo un delito y no podrán volver a entrar por 15 años” y, acto seguido añadió: "Es una protección que merecen los argentinos (respecto) de los extranjeros que entran a delinquir”.
No obstante, también dejó claro que la reforma no es solamente por temas de seguridad pues no está en su gobierno la capacidad de acabar con una situación cuyo control es complejo: “No hablo de inseguridad, tema que tiene mucho marketing. El que diga que con tal gobierno se termina la inseguridad miente y el que lo cree es un tonto”.
Otra de las novedades que trae el proyecto es que sólo los fiscales asumirán la dirección de las investigaciones judiciales y no jueces y fiscales como actualmente sucede en Argentina. Al respecto La Jefe de Estado, afirmó: “(La reforma) no le quita potestades al juez, pero la investigación es conducida, dirigida y estará a cargo del fiscal”.
La oposición no está conforme en este aspecto, pues afirma que la jefe de todos los fiscales, Alejandra Gils es cuota de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner y con la reforma estará en ella todo el poder de investigación de los casos de corrupción cuyas investigaciones se están adelantando en contra de la jefe de Estado y específicamente en contra de algunos de sus subalternos como es el caso del vicepresidente Amado Boudou.
Así las cosas para la oposición con esta reforma al Código Procesal Penal se estaría beneficiando el propio gobierno que buscaría impunidad frente a los delitos de corrupción que se vienen denunciando con gran fuerza en el país suramericano.
Pero Cristina salió al paso argumentando que Argentina, es el único país de Latinoamérica donde la investigación de una causa penal es compartida por el juez y el fiscal y que ella no está buscando una reelección presidencial.
Otros temas incluidos en el proyecto de reforma son: (i) "Las víctimas van a poder participar del proceso junto al fiscal”; (ii) "Las causas deberán durar como máximo un año y el juicio se deberá llevar a cabo 30 días después; (iii) Las causas no prescriben; si los fiscales y los jueces no cumplen, van a ser sancionados”; (iv) Se mantendrá en prisión preventiva a aquellos acusados de delitos que hayan sido condenados con anterioridad. Con esta medida se busca que quien “entra por una puerta no salga por la otra”.
El proyecto de Código Procesal Penal debe ser votado por el Congreso y se espera sea aprobado pues la mayoría absoluta en las dos cámaras está conformada por seguidores del kirchnerismo.
