La buena fe constituye un principio jurídico fundamental, no solamente en el derecho civil sino en el constitucional y en general, en todas las relaciones que surgen entre las personas en el medio de las comunidades y en razón de sus negocios jurídicos. La buena fe resulta primordial para la convivencia. La constitución colombiana de 1991 declara el principio de la buena fe como obligatorio para el Estado y para los particulares y más aún señala que la buena fe se presume en todas las actuaciones de los particulares ante las autoridades.

 

La buena fe es algo que debe admitirse como supuesto de cualquier ordenamiento jurídico, informa la totalidad del mismo y aflora de modo expreso o implícito en múltiples y diversas normas.

 

Su vigencia adquiere intensidad creciente en el derecho contemporáneo pues se muestra como vehículo que facilita la socialización, y como decimos la convivencia, restando eficacia a los principios rígidos del individualismo.

 

El concepto de buena fe, es traído por el derecho romano y desarrollado por los canonistas, llega a dominar integralmente la teoría de las obligaciones en el derecho civil, la influencia de la regla moral, aunque se hable de moral laica, se le debe al cristianismo que es por donde el mundo civilizado la ha aprendido.

 

En los tiempos que corren se consideran nuevamente la lesión en los contratos junto con la idea del justo precio se sostiene el principio de la revisión de los convenios que por el cambio de circunstancias llegan a ser injustos, asimismo se reprime el abuso de los derechos, se admite la restitución de los derechos sin causa, se sanciona la obligación de asistencia, se aumenta el número de las obligaciones naturales e igualmente se consagra que, por ejemplo, en los casos de extinción del dominio en Colombia, son protegidos los derechos de las personas de buena fe.

 

Por cuanto la buena fe no es otra cosa sino la obligación de conducirse como lo haría un hombre honesto y consciente, no sólo en lo relativo a la formación sino también a la ejecución del contrato, sin atarse demasiado a su interpretación literal, resulta evidente que el manejo de este principio jurídico trae como consecuencia inevitable una enorme ampliación del arbitrio judicial.

 

Así se explica la importancia creciente atribuida a la jurisprudencia desde comienzos de este siglo, según  puede verse por las obras de los tratadistas y por la creación de institutos especializados en las facultades de derecho.

 

El principio de la buena fe significa que se actúa con buena intención, sin  propósitos malsanos, sin ideas torticeras preconcebidas, sin trampa, sin malos oficios, sin malas artes, actuar de buena fe, actuar con honestidad.