Lo que ha ocurrido en este caso es el ejemplo prototípico de la justicia torpe que opera en el país y de los actores acostumbrados a sabotearla. Pretelt y su equipo de defensa se han aprovechado de todas las excusas procedimentales para obstaculizar el avance del proceso sin entrar a discutir el asunto de fondo. Estrategia abusada, entre otros, por la defensa de Samuel Moreno. El festival de recusaciones solicitadas por el acusado aplazó en varias ocasiones la plenaria e hizo parecer que la Cámara, como en otras ocasiones, no iba a poder votar antes del receso parlamentario, lo que hubiese dilatado aún más, y de manera inaceptable, el proceso.
Dirá la defensa del magistrado, con justificación leguleya, que no hay nada ilegal en las herramientas que se utilizaron para dilatar el proceso. Cierto, pero eso no elimina el hecho de que, en efecto, lo pretendido era alargar este asunto ad infinítum, de ser posible, hasta cuando el olvido de la opinión pública hiciese menos lesivo para los representantes apoyar el fracaso del proceso. ¿Ese es el modelo de justicia que defiende un magistrado de la Corte Constitucional?
La otra actitud de Pretelt y su defensa, tan utilizada en este país, es la de posicionarse como una víctima. El Congreso, dijo Pretelt en su Twitter, “irrespetó el derecho sagrado y humano a la presunción de inocencia y al debido proceso”. Su abogado, por su cuenta, dijo que estábamos frente a un “linchamiento sin precedentes en la historia judicial de Colombia”. En este país, entonces, nunca nada funciona en el sistema judicial para los acusados, que siempre son perseguidos. ¿Así de mal estamos?
El discurso de falta de garantías y de pugnas procedimentales no ha permitido que el país evalúe las pruebas contra Pretelt. Magistrado, si de verdad es inocente, por favor demuéstreselo a Colombia en un juicio abierto y transparente, con argumentos y pruebas, no con retórica incendiaria.
Y es que la acusación no es cualquier cosa. Según la Cámara, hay indicios para creer que el magistrado pidió coimas para favorecer a la firma Fidupetrol con un fallo de tutela que, de haber prosperado como la firma quería, le hubiera ahorrado el pago de una condena de $22.500 millones. Por los mismos hechos están siendo enjuiciados el exmagistrado Rodrigo Escobar Gil y el abogado Víctor Pacheco, quienes, según la Fiscalía, intentaron sobornar a Pretelt. Gravísimo.
Lo peor es que este escándalo manchó a la Corte Constitucional, una de las instituciones más ejemplares del país, y ha sido un golpe devastador a la confianza de los colombianos en la justicia. Y el señor Pretelt se sigue negando a retirarse para protegerla. Poco parece importarle. Su estrategia de defensa agresiva, en vez de devolverle algo de dignidad al cargo, ha terminado por banalizarlo. Incluso si es inocente (y, en efecto, la presunción opera hasta que no haya un juicio justo), su comportamiento ha sido inferior al exigido a un funcionario de su nivel. El daño ya está hecho”.
