Quince años atrás, durante los años 2002 y 2003, la Comuna 13 de Medellín fue víctima de los excesos de la  Fuerza Pública, que en su afán por expulsar las milicias urbanas de las FARC, el ELN y los Comandos Armados del Pueblo y cumplir con la llamada Seguridad Democrática impulsada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez desarrollaron la Operación Orión.

Esta operación precisamente, es por la que el Estado colombiano fue condenado el pasado 22 de noviembre del 2016 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para reparar a las defensoras de derechos humanos Myriam Eugenia Rúa Figueroa y Luz Dary Ospina Bastidas quienes fueron amenazadas, hostigadas y sufrieron allanamientos en sus viviendas en el marco de esta acción militar, Mery del Socorro Naranjo Jiménez y María del Socorro Mosquera Londoño que fueron privadas arbitrariamente de su libertad y de  Ana Teresa Yarce quien no solo fue privada de su libertad sino que tras denunciar el actuar de grupos paramilitares en complicidad con la Fuerza Pública, fue asesinada el 6 de octubre de 2004. Luego de estos ataques, Rúa, Ospina, Naranjo y Mosquera fueron desplazadas.

Es importante señalar, que después de recibir este caso en el año 2014 y hacer el análisis del mismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos  por primera vez, utiliza la convención de Belém  do Pará con la que  analiza las posibles violaciones a las defensoras y lideresas de derechos humanos.

Para hablar de esta sentencia, en Derechos Humanos nos acompaña la doctora María Victoria Fallon defensora de derechos humanos y directora del Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos, retomamos la audiencia pública en la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos  en San José de Costa Rica el 26 de junio del 2015 y contamos con la periodista María Camila Idrobo, bajo la dirección del doctor Luis Alfonso Fajardo Sánchez. En el sonido los acompaña Andrés Rocha.