Además de la injusta salida de once generales de la Policía Nacional cuya conducta ha sido intachable, según sus hojas de vida, el Estado colombiano ofrece al mundo un espectáculo deplorable en lo que concierne, cuando menos, a su propia organización, y desde luego en lo relacionado con el papel que debe jugar, según la Carta Política (Art. 2), en la garantía de protección efectiva, a todas las personas residentes en Colombia, en el ejercicio de sus derechos y libertades.

El artículo 15 de la Constitución establece que todos tenemos derecho a nuestra intimidad personal y familiar, y que ese derecho fundamental debe ser respetado y hecho respetar por el Estado. Muy específicamente, la misma norma declara, como lo hacen los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, que la correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables, y que sólo pueden ser interceptadas o registradas mediante orden judicial, en los casos y con las formalidades que establezca la ley.

En una democracia, este derecho es de los primordiales, y un Estado que se atreva, por conducto de cualquiera de sus agentes, a vulnerarlo  -practicando sin orden judicial interceptaciones, grabaciones, registros o espionaje telefónico, de miembros de la oposición o de los partidos, de jueces, de periodistas, o de cualquier persona-,  o que no sea capaz de detectar que se perpetran las violaciones o de localizar a los autores de esos ilícitos, es un Estado tiránico, o un Estado impotente, y las dos cosas quitan legitimidad a las autoridades que lo encarnan, siendo necesario que respondan jurídica y políticamente por sus abusos o desaciertos.

Resulta increíble que ahora, y no precisamente a propósito de interceptaciones hace tiempo denunciadas que afectan a políticos y periodistas, sino por haberse afectado en esta oportunidad a paramilitares, el Gobierno haya descubierto que desde hace dos años tiene la Policía Nacional una organización montada para ese tipo de conductas lesivas de los derechos fundamentales y altamente peligrosas para la vigencia efectiva de la democracia.

El tema es todavía más preocupante, en cuanto el propio Presidente de la República, unos días atrás, en rueda de prensa, hizo saber al país que él conocía de conversaciones entre miembros de la oposición respecto al TLC, por informes de inteligencia militar y policial, y que en fecha reciente, ante la publicación de la revista Semana sobre las conversaciones grabadas a los paramilitares, el mismo doctor Uribe narra haber llamado al DAS y a otras dependencias oficiales administrativas, para verificar si eran ellos los que habían grabado.

Debe recordarse a ese respecto que ninguno de dichos entes, trátese de Policía, Ejército, DAS, Ministerios, Procuraduría o Presidencia de la República, se encuentra autorizado por la Constitución para efectuar interceptaciones por su propia decisión, sin orden judicial.