Esta semana, a propósito del pago de una recompensa cuantiosa para remunera dos homicidios, ha quedado claro que, para el Estado colombiano, el fin justifica los medios; que no hay ninguna ética en su acción, siempre sobre la base de alcanzar los objetivos propuestos, el prioritario de los cuales consiste en acabar con las FARC.

Para ello, no se vacila en pagar altas recompensas a sicarios, para que apliquen la pena de muerte sin juicio previo, siempre que el ejecutado sea un guerrillero, como alias “Iván Ríos”; a lo cual se agrega que la Fiscalía se abstiene de iniciar investigación penal contra esos sicarios por los crímenes cometidos.

En efecto, si le entendimos bien al Fiscal General en sus últimas intervenciones ante los medios, es circunstancia atenuante de un homicidio, y hasta puede implicar que no se inicie la investigación penal, el hecho de que una persona  -como es el caso de los guerrilleros-  se desenvuelva en un medio en el que “la vida no vale nada”.

Si tan novedosa tesis hace carrera, de una vez podemos despedirnos de todos los procesos penales en curso o que se instauren en el futuro contra guerrilleros, paramilitares, mafiosos o delincuentes comunes, pues bien sabido tenemos los colombianos que en esas tenebrosas organizaciones pasa justamente lo que el Fiscal ha descubierto: que la vida no vale nada. Como tampoco la libertad  -de lo cual da testimonio el secuestro-; ni la intimidad; ni la vigencia de la ley; ni la dignidad de la persona humana; ni sus derechos. Ninguno de esos elementos, que son valiosos para nuestra civilización y para nuestra democracia, presenta valor alguno para quienes están acostumbrados al crimen y a la ilicitud.

Derivar de esa circunstancia elementos atenuantes, o peor todavía, interpretar y aplicar el principio de oportunidad que consagraron la Constitución y el Código de Procedimiento Penal, para abstenerse el Estado de ejercer la acción penal o de tramitar las investigaciones sobre los delitos que tales grupos humanos perpetran a diario, excusando tales acciones, significa desconocer uno de los fundamentos esenciales del papel que desempeñan en nuestro sistema las autoridades, y en concreto los fiscales y los jueces.

El concepto en referencia es completamente antijurídico, y sus repercusiones  -en el caso de aceptarse-  serán muy graves para la convivencia; para la acción del Estado; y para la aplicación de la justicia.

Nos imaginamos lo que justificadamente estarán pensando los miembros de nuestra fuerza pública, que a diario arriesgan sus vidas y su integridad, en condiciones difíciles, por buscar la captura de los más peligrosos delincuentes, para entregarlos a la administración de justicia. Y que la administración de justicia desaliente tal actividad, promoviendo interpretaciones orientadas a la impunidad y a la incertidumbre de los colombianos amenazados por los grupos al margen de la ley, es algo totalmente incomprensible.