Poco a poco, y sin que nos demos cuenta, el panorama de Colombia en materia de libertades se torna oscuro e impredecible.

Las garantías constitucionales, en lo que se refiere a libertad de opinión, de pensamiento, de expresión, de prensa, son en nuestro medio cada vez más teóricas.

Duele reconocerlo, pero es la verdad: todo indica que nuestra Patria se dirige, por sus pasos contados, a la configuración de un sistema opresivo e intolerante, bajo la férula de un gobierno energúmeno, en donde resultará obligatorio que todos tengamos las mismas ideas; profesemos las mismas creencias; nos formemos iguales opiniones desde el punto de vista político; enfoquemos los problemas de manera idéntica, y jamás nos apartemos del pensamiento oficial, para no ser señalados como subversivos.

En síntesis, se está consagrando, con la aceptación o el silencio de las mayorías, el delito de opinión. Razonar de acuerdo con criterios objetivos, por fuera de los dictados del régimen, y pensar por cuenta propia, será penalizado.

Paradoja: en vigencia de una Constitución Política genuinamente democrática, pluralista, tolerante y participativa, cuyo artículo 22 proclama que “la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”, a la par que el 95 estipula que todo ciudadano está en el deber de “defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica”, ahora resulta el Jefe del Estado condenando públicamente a unas personas, como “bloque intelectual de las FARC”, por el solo hecho de que reclaman mecanismos de paz y propician la reivindicación y defensa de los derechos humanos.

No menos grave es la situación de los periodistas, en particular de aquellos que son críticos del Ejecutivo, pues se considera que su libre ejercicio, la búsqueda de una noticia, la revelación de hechos que no convienen al Gobierno, la expresión de opiniones divergentes…, son comportamientos reveladores de que tales profesionales, por estar haciendo uso de sus derechos constitucionales y de las libertades de prensa y de locomoción, mantienen vínculos con la guerrilla.

¿Existe en nuestra legislación alguna norma que consagre tales conductas como delictivas? ¿Si existiera, no sería acaso una norma inconstitucional, según lo dicho? ¿Qué le está pasando al Gobierno?

El Presidente de la República debe entender que su función esencial, según juró al posesionarse, es la de realizar la Constitución, no la de obstaculizar su vigencia.
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