Es inoportuna y negativa, además de contrariar de bulto lo que muestran las evidencias y los hechos, la propuesta formulada por el Ministro del Interior y Justicia en el sentido de restablecer la llamada inmunidad parlamentaria, plasmada en la Constitución de 1886, que realmente implicaba una forma de neutralizar a los jueces cuando se tratara de conductas delictivas imputables a los legisladores, y de garantizar a éstos una permanente impunidad.

Por algo se modificó el sistema en 1991, para pasar a la consagración de un fuero consistente en que los magistrados de mayor nivel y respetabilidad, ubicados a la cabeza de la jurisdicción ordinaria, son los únicos autorizados para detener, investigar, juzgar, condenar o absolver a los congresistas, con el propósito de asegurar su independencia, sin necesidad de esperar a que la Cámara correspondiente levante la inmunidad para que pueda actuar la justicia.

Y ahora, cuando precisamente el nuevo sistema ha operado exitosamente, toda vez que la Corte Suprema de Justicia ha venido ejerciendo a cabalidad  -con prudencia pero con rigor-  la función a ella encomendada por la Carta Política, el doctor Valencia Cossio decide volver atrás, como si la normatividad vigente hubiese sido dañina o inapropiada, recetando un remedio inadecuado para una enfermedad que no existe.

En el fondo está repitiendo la teoría implícita en la carta del Procurador, quien cree que el desempeño de la función constitucional de la Corte implica enfrentamiento con el Gobierno, por lo cual  -sin tener competencia para ello-  la regaña, cuando a quienes debería no sólo regañar sino investigar sería a los funcionarios administrativos que pretenden obstruir la actividad de la Corte, “chuzar” e incriminar a los magistrados.

¿Qué quiere el Ministro? No me cabe duda: deslegitimar a la Corte Suprema. Mostrarla como responsable del llamado “choque de trenes” por el hecho de ejercer la competencia que le atañe. Avisarle que la van a despojar de su función. Presentar a los congresistas como perseguidos políticos de la Corte. Estimularlos para que no se declaren impedidos durante el trámite de conciliación del referendo reeleccionista, en cuanto están investigados precisamente por esa Corporación. Profundizar en la teoría gubernamental, avalada por el Procurador, de que la Corte está peleando con el Gobierno y con el Congreso, y no actuando  -como le toca-  en virtud de claros mandatos constitucionales que le otorgan una jurisdicción inevadible.
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