Ante las múltiples dificultades que presenta el proyecto de referendo reeleccionista, tanto por razón del trámite como por los aspectos constitucionales  -además del intrincado problema de las fuentes de financiación para la recolección de firmas y las consiguientes responsabilidades penales-,  los partidarios de reelegir una vez más al doctor Uribe para la Presidencia de la República han decidido radicar un nuevo proyecto, esta vez de Acto Legislativo, para reformar de nuevo el artículo 197 de la Constitución, que ya se había modificado con miras a la primera reelección por Acto Legislativo 2 de 2004.

Se expresaría sencillamente: “Nadie podrá ser elegido para ocupar la Presidencia de la República por más de tres períodos consecutivos”.

El proyecto de Acto Legislativo comenzará su trámite en el Congreso, sin que se haya retirado el proyecto de ley que convocaría al referendo, cuyo tercer debate se aproxima en la Comisión Primera del Senado de la República. Éste no puede ser retirado por los promotores como si fuera de su propiedad, ya que está de por medio la iniciativa popular, aunque, desde luego, sería muy fácil  -si así lo quiere la mayoría- hundir ese proyecto, y abandonar de modo definitivo la idea del referendo  -que tiene “mala pata”, según algunos-,  para dedicarse por entero los congresistas a la aprobación del Acto Legislativo.

Si bien les va, la Constitución estaría  modificada antes del 16 de diciembre, y en las elecciones del año entrante podría participar el Presidente de la República, sin correr el riesgo de ser descalificado, como acontece con el referendo, dada la equivoca redacción del texto y las vicisitudes que su trámite ha padecido y tendrá que padecer todavía en caso de que los uribistas persistan en su aprobación.

Todo lo anterior, visto bajo la perspectiva de quienes desean seguir viendo a Uribe en el solio de Bolívar por cuatro años más  -al menos por ahora-.

Pero, a la luz de los intereses nacionales, todo lo que ocurre alrededor de la propuesta reeleccionista está generando muchos males, de los que no sabemos muy bien si es consciente el Jefe del Estado. Todas las energías del Gobierno, del Congreso y de la opinión pública están concentradas en la polémica de la reelección, con lamentable descuido de las mayores urgencias del país en terrenos como el social, el económico, el de la administración de justicia, el internacional, el de la salud, el de la educación, el de la vivienda, el de la proliferación de comportamientos delictivos muy diversos, el del desplazamiento, para mencionar apenas los de mayor relevancia.

Las sesiones del Congreso, en el primer mes de su actividad en este período, han sido por completo estériles, y lo serán todavía más a lo largo de los meses siguientes, enfrascados como estarán los legisladores en la discusión política sobre el tema del Acto Legislativo o  en el referendo, o en ambos al tiempo. Y entonces, ante un Congreso monotemático, su función institucional y su papel representativo desaparecerán.

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