La reciente renuncia de una congresista contra quien la Corte Suprema de Justicia adelanta proceso penal  por "parapolítica",  alegando que no se le otorgan garantías para su defensa –ya se habían producido otras sobre la base de los mismos argumentos-,  suscita algunas reflexiones que, a mi juicio, deben ser expuestas públicamente en guarda de preservar la institucionalidad.
Poner en duda la imparcialidad de los magistrados que integran la Sala de Casación Penal –o de cualquiera otra de las salas- del máximo tribunal de la justicia ordinaria, fundando en ello inclusive algo de tanta trascendencia como la renuncia a una curul en el Congreso, que muchos ambicionan conseguir, no es algo de poca monta. Es de una gravedad inmensa, que no puede pasar inadvertida.
Si algo resulta esencial para la efectiva y genuina vigencia de un orden jurídico democrático; y de un Estado Social de Derecho, es la certidumbre y la confianza de la sociedad en la imparcialidad y la probidad de sus jueces, y,  con mayor razón, de sus máximos jueces.
Cuando esa imparcialidad y esa probidad son  puestos en duda, se causa un grave daño a la institución, y es minado el sustrato mismo del sistema jurídico. No se trata de cualquier incidente, ni es cosa de un discurso político o de unas declaraciones en los medios de comunicación.
Afirmar que a un investigado o sindicado no se ofrecen suficientes garantías procesales, ni seguridad de imparcialidad, es afirmar que los jueces correspondientes están inclinados en contra de ese procesado, y que, por lo tanto, han descendido del alto nivel que les corresponde, o que tienen un interés distinto al  de administrar justicia a nombre del Estado. Y todo eso implica formular sindicaciones graves.
Así las cosas, quien afirme que un tribunal no le ofrece garantía de imparcialidad, debe probarlo. Debería estar en capacidad de demostrar lo afirmado. Con pruebas fehacientes y concretas. De lo contrario, está calumniando a los magistrados de ese tribunal.
Parece a quien esto escribe que, ante la existencia de meras afirmaciones, sin pruebas, se debe mantener incólume la confianza del país en la Corte Suprema.
Hasta ahora, no se ha visto ninguna irregularidad en los procesos que se adelantan, y,  por el contrario, la Corporación ha obrado con objetividad e imparcialidad. Estas virtudes no pueden quedar en tela de juicio por afirmaciones ligeras. ! Mucho cuidado con ellas !.
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