El de la vida es el principal de los derechos fundamentales por cuanto sin la posibilidad cierta y actual de su ejercicio no es posible pensar siquiera en el disfrute de los demás derechos previstos en la Constitución y en los Tratados Internacionales.

La Carta Política lo consagra con tal carácter prevalente, señalándolo en su preámbulo como objetivo primordial del orden jurídico, prohibiendo de modo absoluto la pena de muerte (art. 11 C.P.) y atribuyendo a las autoridades como su principal función  la de proteger la vida de todas las personas residentes en Colombia (art. 2 C.P.).

La Corte Constitucional ha sostenido además que la vida garantizada en el Estatuto Fundamental es cualificada, en cuanto tiene que desarrollarse en condiciones de dignidad, y por tanto es mucho más que el hálito que indica la supervivencia.

La vida humana, como don precioso otorgado por el Creador, es un bien superlativo que debe ocupar primordialmente el esfuerzo de la colectividad con miras a su defensa, y no cabe duda ninguna en el sentido de que sus beneficiarios estamos obligados a cuidarla, en el caso propio y en el de los demás. Esa es una responsabilidad anterior a todo precepto positivo.

El derecho a la vida –sería innecesario repetirlo, pero las circunstancias ameritan que se haga-  es sagrado, y ello explica que desde los tiempos más remotos las sociedades hayan contemplado en sus legislaciones como la sanción penal más grave la reservada al homicidio.
Algunos ordenamientos llegan a extremar la defensa de la vida afectando la vida misma y asignando al Estado la potestad de aplicar la pena de muerte para el mencionado delito. Quienes no somos partidarios de semejante castigo nos negamos a aceptar que el Estado pueda ser el dueño de la vida; que las decisiones judiciales sean infalibles por definición; que se trate de un mecanismo efectivo para evitar la delincuencia, y que el sistema jurídico pueda asumir válidamente la vindicta contra el delincuente como su razón de obrar.

La vida es patrimonio individual y social, y su preservación surge de la natural tendencia de los hombres hacía la conservación de la especie, y se encuentra ligada, como una de las razones básicas, a la creación misma del aparato estatal.

Lamentablemente, a medida que el tiempo transcurre, quizá por el auge de la violencia en sus diversas formas, la sociedad colombiana se ha venido acostumbrando a los hechos que cotidianamente amenazan o afectan el derecho a la vida. Es así como, a diferencia de épocas pasadas  -en que un crimen conmocionaba a la ciudadanía y había un seguimiento por parte de las autoridades y de los medios de comunicación, hasta en los más mínimos detalles del insuceso-,  hoy ocurren homicidios y atentados que muchas veces no merecen siquiera los renglones de una información de prensa, a la vez que los grandes crímenes llaman la atención de la colectividad por pocos días, mientras son reemplazados por nuevas noticias, que los desplazan.

La sociedad parece haber adquirido una costra que la hace insensible en relación con los múltiples motivos de peligro de la vida humana. Diríase que hay un indescriptible desdén al respecto, y ya se considera “común y corriente” el asesinato.

La reciente muerte de un joven bachiller de la policía en Bogotá, cuando trataba de impedir un asalto en las dependencias de Transmilenio, así como la pérdida, en extrañas circunstancias, de un menor de 15 años durante una protesta callejera, y las muertes recientes de casi 100 personas en los últimos tres meses en Ciudad Bolívar, de la capital de la República, son apenas algunos de los acontecimientos que ya no son noticia, pero que mueven necesariamente a reflexión. No puede continuar en Colombia el imperio del desprecio por la vida.