No es pequeño el escándalo desatado en los Estados Unidos por el doble papel que, en indudable conflicto de intereses, cumplía el principal estratega y asesor de la campaña de Hillary Clinton, Mark Penn, relacionista, pues mientras en tal carácter debía apoyar -se supone- las tesis de su candidata, entre las cuales se encuentra en primera línea la oposición al Tratado de Libre Comercio con Colombia, tenía un contrato celebrado precisamente con nuestro país, a nombre de la firma Burson-Marsteller, para lo contrario, es decir, para hacer “lobbie” en el Congreso norteamericano, y muy probablemente con la propia Hillary, para obtener una aprobación al instrumento internacional, que se ha convertido en factor de división política en la recta final de las primarias.
Penn ha tenido que renunciar a su cargo en la campaña, y mientras tanto el Presidente estadounidense Bush, bajo el lema “abriendo mercados para buenos americanos” ha enviado a las cámaras legislativas el TLC, con miras a su aprobación. Según el Presidente, se trataría “de un poderoso rechazo a los dictadores y demagogos de nuestro patio trasero”, a lo cual ha agregado el candidato republicano John McCain que la aprobación implicaría apoyo a un aliado clave y mostraría un fuerte liderazgo de Estados Unidos en América Latina.
Pero los demócratas han señalado la presentación del Tratado como un desafío del gobierno; una provocación; un grave error, en virtud del cual, según Harry Reid, líder de ese partido en el Congreso, dará lugar a la improbación del texto pactado.
Tres meses tiene el Congreso para decidir, al paso que en Colombia se tramita en la Corte Constitucional el proceso de revisión del Tratado frente a nuestra Carta Política.
El conflicto de intereses, que está previsto en nuestro ordenamiento jurídico para los legisladores, para los jueces y para los servidores públicos, también tiene lugar, por sencillas razones de ética, en cualquier actividad, y con mayor razón en la gestión política.
En efecto, quien asesora en el interior de una campaña se compromete con los lineamientos ideológicos y políticos que la orientan, ya que nadie sincero y leal puede defender o promover lo que no siente o no comparte. Y ponerse al servicio, por vía contractual o por otra, de la posición contraria, implica deslealtad con las dos partes, en este caso con Hillary Clinton y con el contratante, Colombia.
