Se acaba de iniciar el primer período de sesiones ordinarias del Congreso, que habrá de culminar el 16 de diciembre, y resulta indispensable pensar en lo que significará, para esa institución y para el país, la presente legislatura, si se tiene en cuenta un hecho real y contundente: el inmenso desprestigio en que por varias razones han caído nuestras cámaras.

Al fin y al cabo, se supone que esta es una democracia, una de cuyas características esenciales radica en la vocería de los intereses populares confiada a los órganos representativos, y particularmente a la rama legislativa del poder público. Ante lo cual, es cuando menos deplorable que cada día los colombianos estén desconfiando más de sus representantes en el Senado y la Cámara, y lo peor: que esa creciente desconfianza  -muy extendida en todas las capas de la sociedad-  cobije, injustamente, sin distingos y en forma generalizada a todos los actuales miembros de esas corporaciones.

El país ha llegado, infortunadamente, a una explicable pero muy perjudicial ruptura entre los integrantes de la comunidad  -o sociedad civil, como ahora se llama-  y aquellos a quienes esa misma comunidad escogió por la vía electoral para ejercer las funciones de legislar, reformar la Constitución y ejercer el control político.

No nos cabe duda de que el Congreso está obligado a recuperar su prestigio y el altísimo nivel que le corresponde dentro de nuestro sistema político. Debe rescatar su independencia frente al Gobierno: eso es algo indispensable, aunque lo reconocemos muy difícil en relación con la actual administración  -en extremo absorbente y en constante búsqueda de más poder-.

Pero no puede seguir sucediendo que las cámaras sean simples dependencias del Ejecutivo, que obran como por reflejo condicionado, ante los estímulos provenientes del palacio presidencial.

De otro lado, el Congreso se tiene que sobreponer al escándalo de la parapolítica. Los culpables, que ojalá sean una minoría, deben ser juzgados y condenados, y absueltos los inocentes;  se debe confiar en la Corte Suprema y en su rectitud; no  presentar "proyectos-mico" que procuren la impunidad; debe buscarse una reforma electoral y política profunda, que desintoxique los procesos de elección; debe comprometerse el Congreso a dictar normas severas contra la corrupción en todos los niveles; y estudiar con seriedad y a fondo todas las iniciativas  -propias y del Gobierno-, evitando el pupitrazo y también el filibusterismo.

Todavía conservamos la esperanza en que habrá de recuperarse una institución esencial  para el vigor de nuestra democracia.

Los acontecimientos más recientes han puesto a prueba la fortaleza de la organización política misma  y son precisamente unas instituciones renovadas las que podrán evitar el caos.