Después de la “moridera” que, a pesar de su frecuente recomendación, afectó al Presidente Uribe durante varios días luego del fracaso del referendo, anunció una serie de medidas de carácter fiscal que componen el denominado “Plan B” y que tienden a realizar los propósitos de ajuste que, según el Gobierno, se habrían logrado –creemos que no totalmente, sino apenas como paliativo al déficit- en el caso de haber sido aprobada la consulta.
En primer lugar, ha quedado claro, ahora sí, que el referendo no tenía por objeto la lucha contra la corrupción y la politiquería -que, en cambio, se escondían en varias de sus cláusulas- sino que buscaba satisfacer las presiones y demandas del Fondo Monetario Internacional, cuyos delegados se harán presentes por estos días en el país para llamar a cuentas al Ejecutivo en relación con su derrota. Eso era en realidad lo único que importaba a los promotores del referendo, y se expresaba especialmente en las preguntas 8 y 14, camufladas o encubiertas por las demás.
De otro lado, también es evidente que lo afirmado por el Ministro de Hacienda en el sentido de que, con referendo o sin él, se propondría una nueva reforma tributaria y se intentarían drásticas medidas de ajuste, no estaba lejos de la verdad, pese a los esfuerzos de otros funcionarios por demostrar que con el mecanismo de participación y la votación masiva en el mismo todo se salvaba.
El “Plan B”, que el Gobierno todavía no estructura –si lo concibió con ese carácter, ha debido tenerlo listo desde antes del 25 de octubre-, ofrece un panorama difícil y oscuro para la mayoría de los colombianos, en especial los pertenecientes a la clase media, que como tal tiende a desaparecer, pues mientras se nos reducen los ingresos y se nos carga cada vez con más tributos, los productos y servicios que utilizamos se gravan con mayor rigor, se incrementan en forma permanente y no tienen congelación a la vista. Véase, por ejemplo, el caso de la medicina prepagada, la educación superior, los servicios públicos y el transporte, entre otros.
No se piensa ni remotamente en gravar a quienes el Gobierno, dentro de un esquema progresivo -como lo manda la Constitución- debería gravar: los grupos reducidos poseedores del gran capital, que evaden el pago de impuestos y que concentran el ingreso cada vez con mayor voracidad.
La consigna neoliberal parece ser la de conseguir que todo el peso de la recuperación fiscal sea soportado por las clases medias y bajas de la población, por los pequeños y medianos empresarios, por los trabajadores, por los pensionados, por las amas de casa (recuérdese que, entre otras cosas que las afectan, se ha propuesto incrementar el impuesto del 3 por mil al 4 por mil) y por los profesionales independientes ... eso sí, procurando no tocar al sector financiero ni a los grandes monopolios, ni a los grupos económicos.
Si el Congreso fuera independiente -como creemos que no lo es- daría un gran debate, para que el concepto social prevaleciera a la hora de definir el tipo de medidas por adoptar; pero seguramente no lo hará así, y ya se encargará el Gobierno de someterlo a sus criterios y de convencer a los indecisos de que el voto a favor de las reformas regresivas será un acto de patriotismo.
