La semana anterior se produjo, con base en decisión de la Fiscalía General  de la Nación, la libertad del abogado Carvajalino, quien permaneció bajo medida de seguridad durante varios meses, bajo graves imputaciones, en especial relativas a la comisión de delitos y atentados, entre otros el perpetrado contra el Palacio de Nariño el día de la posesión presidencial.

Ha encontrado la Fiscalía que no existen pruebas contra el aludido profesional y, por tanto, carece de sentido el proceso que se había iniciado en su contra, protegido como debe estar por la presunción de inocencia (Art. 29 C.P.).

Al parecer la confusión causada en esta ocasión tuvo su origen en el hecho de que Carvajalino es hermano de un guerrillero de las FARC, y que sepamos, aunque así muchos lo quisieran, la responsabilidad penal no se transmite por los vínculos de sangre o parentesco.

Lo grave del caso es que muy probablemente el Estado colombiano deberá responder por los daños causados injustificadamente a la honra, el buen nombre y el patrimonio moral del afectado, todo por causa de la precipitud que a veces exhiben nuestros funcionarios de policía y de seguridad y nuestros fiscales, involucrando  a las personas en las investigaciones penales, particularmente cuando se trata de delitos  que conmocionan o alarman en alto grado a la población y que son objeto de la atención pública y de los medios de comunicación. Para, después de transcurridos meses y hasta años de mantener a esas personas en la picota, de haberlas presentado  como delincuentes y de haberlas despojado de su honra y prestigio, salir diciendo que había una equivocación, sin siquiera presentarles disculpas, y menos todavía resarcir el daño, a lo cual se agrega que ninguna satisfacción o explicación se entrega a la sociedad colombiana por el hecho: a la injusticia cometida se une la impunidad respecto de los verdaderos responsables.

Bien conocidos son los casos de la persona acusada de matar a Luis Carlos Galán  –que permaneció varios años en prisión- y del agente de policía que se dijo iba a atentar contra el periodista Raúl Benoit,  a quien el mismo Director General de la Policía Nacional destituyó públicamente y presentó  como indigno y como vergüenza para la institución, llegando después a establecerse que nada había hecho.

Creemos que la sociedad tiene derecho a que situaciones como las mencionadas no queden, a su vez, impunes.