La CorteSupremade Justicia adoptará hoy, según se ha anunciado, decisión acerca de los posibles delitos en que hayan podido incurrir los congresistas y dirigentes políticos que suscribieron con las Autodefensas Unidas de Colombia AUC el documento secreto fechado el 23 de julio de 2001, y señalará si los firmantes sujetos a su jurisdicción son llamados a rendir versión libre, o se les abre proceso penal.

Con independencia de la resolución de la Corte, la cual se aguarda con el mayor respeto, conviene efectuar algunos análisis del tema y formular varias inquietudes, desde el punto de vista de las conveniencias nacionales y de las actitudes implícitas en el mencionado escrito.

No han faltado las voces de quienes ven en el documento, anunciado hace pocos meses por el Senador De la Espriella, algo inofensivo y casi infantil, en que se transcriben entre comillas y fuera de contexto frases del texto constitucional, motivo por el cual estiman que se ha hecho una tormenta en un vaso de agua y que lo entonces suscrito nada significa.

Con todo respeto, quien esto escribe estima lo contrario. Pese a la forma de redacción, el fondo del asunto resulta ser de una gravedad inusitada, desde el punto de vista de la institucionalidad, que es precisamente la que en el tan mencionado papel se pone en tela de juicio.

Dicho sea de paso, si el documento no era tan dañino ni tan malo  -como alguien sostiene-,  nadie entiende el porqué de su secreto y de su misterio, llevados al punto de la absoluta falta de denuncia o noticia por parte de los firmantes no paramilitares durante más de cinco años y medio, y tampoco se comprende que ahora haya toda suerte de excusas y explicaciones de quienes estamparon su rubrica, unos dicen que sin conocer el contenido, otros bajo amenaza y otros por voluntad propia y convicción.

Ahora bien, yendo a ese contenido, aquello de “refundar la patria”  -que era uno de los objetivos principales de la reunión-  y eso de “firmar un nuevo contrato social”… son en realidad propuestas de derribamiento del orden jurídico imperante; designios contrarios, de suyo, a las instituciones en vigor; formulados desde la clandestinidad por autores de crímenes horrendos contra la humanidad y con la fuerza de las armas, en detrimento de la República.

Entonces, motivos de preocupación por este escrito, que finalizaba convocando a una nueva reunión en octubre de 2001  -de la cual nada se sabe-…… los hay  muchos como para que se pretenda que todos pasemos por alto el antecedente.