El panorama relativo al proceso de paz con las autodefensas no puede ser más grave, si se tienen en cuenta los últimos acontecimientos.
Las conversaciones orientadas a ese propósito se iniciaron en Santa Fe de Ralito antes de tramitar en el Congreso la ley que consagre la normatividad que ha debido regirlas, y lo cierto es que -como lo hemos afirmado varias veces- las cosas se hicieron al revés, de tal modo que, bajo una perspectiva jurídica, no se sabe en verdad hacia dónde conducen los diálogos, y en la practica el accidentado proceso no ha producido sino desazón.
La inclusión del denominado “narcomico” en el proyecto de ley que se discute en la actualidad, con la pretensión gubernamental de dar el trato de delitos políticos a los hechos punibles atribuidos a los grupos paramilitares, muchos de ellos de lesa humanidad, ha llevado a un sospechoso e irregular trámite, en cuya virtud -contra la Constitución Política- la norma correspondiente, hundida en las comisiones primeras de las cámaras, fue “resucitada”, mediante improcedente apelación, por la plenaria del Senado.
La pregunta obvia al respecto guarda relación con el vinculo que pueda existir entre ese trámite, por lo menos en cuanto a algunos congresistas, y lo expresado cínicamente por quien se reputa ahora como verdadero jefe de las autodefensas, José Vicente Castaño Gil, en frases tan contundentes como estas: “Hay relaciones directas entre los comandantes y los políticos y se forman alianzas que son innegables”; “Las autodefensas les dan consejos a muchos de ellos y hay comandantes que tienen sus amigos candidatos a las corporaciones y a las alcaldías”; “Creo que podemos afirmar que tenemos más del 35% de amigos en el Congreso. Y para las próximas elecciones vamos a aumentar ese porcentaje de amigos” (Revista Semana. Edición No. 1205)
El Estado debería dilucidar –utilizando todos los medios jurídicos e investigativos a su alcance- este interrogante, cuyo solo enunciado reviste inmensa gravedad, no solamente por hechos que ya se hayan podido presentar, sino por el futuro mismo de la democracia y de las instituciones.
El proceso de aprobación del proyecto en el Congreso debería ser suspendido de inmediato, mientras las investigaciones se adelantan, y la Fiscalía debería proceder a adelantarlas con el mayor rigor.
Si a lo anterior unimos los acontecimientos deplorables relativos a la entrega de alias “Don Berna”, las modalidades de su reclusión y la pretensión de cobijarlo con los beneficios propios del diálogo, cuando se lo sindica de haber delinquido después de iniciado éste, la preocupación es todavía mayor, pues todo esto parece ser indicativo de una grave enfermedad que amenaza extenderse a todas nuestras instituciones.
Desde luego, no se puede permitir que se hagan afirmaciones genéricas, que enloden a esas mismas instituciones sin distinguir, ya que sería un desatino, por ejemplo, culpar a la totalidad de los congresistas, de haber votado movidos por los extraños vínculos en referencia, cuando en realidad las declaraciones del jefe paramilitar han sido hechas sin dar nombres, ni pruebas, lo que de suyo les resta credibilidad.
