Resulta increíble y altamente censurable que, al amparo de intereses puramente particulares, por encima del bien común, se haya pretendido mediante fórmulas típicamente leguleyas, condenar al país al atraso tecnológico y a los usuarios de los servicios de telecomunicaciones –en especial los celulares- a continuar pagando los más altos costos.
En efecto, a través de una petición de inmensa superficialidad y sin argumentación válida, dirigida a la Ministra de Comunicaciones, una de las compañías privadas de telefonía celular había paralizado en la práctica el proceso que dicha funcionaria inició con pie firme el pasado 12 de octubre para establecer los servicios de comunicaciones personales –PCS- en el territorio nacional.
La Ministra, obedeciendo claros e incontrovertibles mandatos de la Ley 555 de 2000, que reguló los servicios de PCS, fijando a la vez las condiciones previas y los trámites de licitación y contratación correspondientes, impartió al Gobierno perentorias y diáfanas instrucciones en el sentido de comenzar el proceso, con el objeto de actualizar al país en la materia, y de beneficiar a los usuarios con la posibilidad de aumentar las opciones de adquisición de servicios de telecomunicación, con tecnología más avanzada y útil, y de obtenerlos a menores precios en razón de la competencia.
Los colombianos hemos venido reclamando a gritos la ruptura del monopolio –o duopolio hoy existente- y siempre hemos confiado en que, con la prontitud debida, el Ejecutivo habrá de impedir que Colombia sea una isla en la cual no penetre, porque unos no quieren, el veloz desarrollo de las telecomunicaciones. Las últimas declaraciones públicas de la Ministra, quien orienta la política gubernamental al respecto, son alentadoras: el proceso continuará.
La Ministra, en ejercicio de la función estatal de gestión del espectro electromagnético, y en cumplimiento de sus propias funciones, procedió a expedir la resolución exigida por la ley, asignando las frecuencias radioeléctricas que habrán de ser utilizadas para la prestación de los servicios de PCS. Y cuando todos pensábamos que el proceso arrancaba para bien del país, el representante legal de uno de los actuales operadores de telefonía celular, que al parecer quería quedarse con todo e impedir la aparición de cualquier competencia, solicitó la Ministra revocar el acto administrativo que asignó las frecuencias –acto general y abstracto que en nada perjudicaba ni amenazaba a su compañía-, diciendo que se rompía el equilibrio económico previsto legalmente.
Olvidó el solicitante que la gestión del espectro es función autónoma y soberana del Estado por razones de interés común; que el Estado, lejos de garantizar intereses particulares, debe asegurar las condiciones de igualdad e oportunidades en el acceso al uso del espectro; que no se pueden desconocer los pactos internacionales sobre la materia ni las regulaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT; que esa misma compañía explota el negocio de la telefonía celular en forma casi solitaria; y que no se configura en este caso ninguna de las causales previstas en el Código Contencioso Administrativo para la revocación de los actos administrativos.
Parece, ahora, que el Gobierno Nacional no se dejó presionar y desechó la impertinente solicitud. De lo contrario habría afrontado desde el punto de vista jurídico y también desde el político, muy graves responsabilidades.
