No estoy de acuerdo con las recompensas, utilizadas por el Estado para obtener información acerca del paradero de delincuentes, ya que se trata de pagar a las personas por cumplir con un deber elemental de colaboración con la administración de justicia.
Pero, ya establecidas, lo menos que puede pedirse es que los cuantiosos recursos ofrecidos se entreguen a quien se ubique en las condiciones exactas que prevén las normas en que aquéllas se fundan y a los avisos que divulguen los organismos estatales correspondientes. De lo contrario, si se paga a quien no cumple las condiciones, podría haber hasta peculado por destinación oficial diferente.
Ahora bien, quienes plasmaron las reglas sobre recompensas no habían previsto la eventualidad de que, estimulada la codicia de los propios delincuentes con cifras estrambóticas, decidieran hacer lo que hizo alias "Rojas": asesinar al buscado -como en el viejo oeste-; asesinar a su compañera permanente; mutilar el cadáver del primero, y presentarse a reclamar la recompensa.
Con el premio al homicidio se legitima una conducta estatal contraria a la ética: el Estado se pone al nivel de las organizaciones mafiosas, y paga -como ellas- a sicarios, como contraprestación por eliminar a sus enemigos.
Toda persona, incluidas las más buscadas por la administración de justicia, tiene derecho a un juicio justo; a un debido proceso; al derecho de defensa, y a que, si es hallada culpable, se le apliquen las penas contempladas en el ordenamiento. Al ejercicio de esos derechos es contraria la política de pago de recompensas por matar, ya que en tal hipótesis la persona reclamada no tiene acceso a la justicia; no se le brinda la oportunidad de ser enjuiciada; no se le permite el debido proceso, ni se le reconoce el derecho de defensa. Se le aplica, como en este caso, una condena a muerte que se ejecuta sin juicio previo, a manos de verdugos a quienes el Estado remunera a posteriori con cifras muy altas provenientes del tesoro público.
El Fiscal General ha anunciado que, además, no se iniciará proceso penal por homicidio contra alias “Rojas”, presuponiendo una legítima defensa que requeriría ser establecida judicialmente.
Ante todo esto, si la justicia implica dar a cada uno lo suyo, ¿qué pensarán los millones de ciudadanos honestos, que llevan toda su vida con ingresos ínfimos, sosteniendo a su familia, sin enredarse con la delincuencia?
