El proyecto de Acto Legislativo por medio del cual se modifica una vez más la Constitución Política en materia de administración de justicia es el mejor ejemplo sobre la improvisación y la falta de seriedad con las cuales se viene ejerciendo el poder de reforma.

Nuestros gobiernos y congresistas se han dedicado a jugar con la Constitución, y eso es deplorable. La Carta Política, por definición, es el ordenamiento básico de la organización estatal y está llamada a regir los destinos de la sociedad dentro de conceptos de estabilidad, duración y permanencia.

Ello no significa que la Constitución sea irreformable, porque la rigidez absoluta impide la natural evolución institucional y los inaplazables o aconsejables ajustes que todo sistema demanda para conservar su imperio y no ser rebasado por los hechos. Pero los cambios que se introduzcan deben adecuarse a tales propósitos, y han de ser los que en efecto requieran la sociedad y el Estado en un cierto momento histórico, de suerte que los órganos competentes tienen sobre sus hombros una responsabilidad enorme, puesto que al modificar la Carta Política están obligados a preservar su esencia y a consagrar disposiciones que resulten, además de necesarias, coherentes con la integridad del sistema.

En Colombia, infortunadamente, se confunde el poder de reforma con el poder irresponsable de manipulación de la Constitución, a tal punto que se usa para remover normas incómodas que han debido ser respetadas, o para llevar a la Carta Política aquellas reglas legales que la Corte Constitucional ha condenado precisamente por violarla.

El proyecto en curso sobre Justicia es de un contenido mediocre; está mal hecho; se improvisa en su redacción; esa redacción no es el resultado de un estudio fundamentado e informado sobre temas de urgencia como la congestión, el formalismo, la excesiva duración de los procesos, las dificultades para el efectivo acceso del ciudadano a las decisiones, sino el fruto de intercambios menores y de acuerdos políticos de coyuntura, con un fuerte sabor a retaliación.

Lo mínimo que exige la prudencia en este momento es partir de cero; entrar de nuevo en contacto con los magistrados  -que son los que tienen a cargo la administración de justicia y saben de sus problemas-;  oír a los abogados, a los académicos y a los servidores de la Rama Judicial, y elaborar un buen proyecto.