Se surtió el sexto debate -en la plenaria del Senado de la República- y se aprobó el proyecto de acto legislativo que reforma la Constitución Política en materia de administración de justicia.
Fue respaldada la propuesta del Ejecutivo en el sentido de eliminar la Comisión de Acusaciones de la Cámara y el Consejo Superior de la Judicatura; se creó una "Comisión de Aforados que estará integrada por 9 juristas de alta reputación", cuyos integrantes serán postulados y elegidos por la Cámara para que presenten un informe a dicha corporación acerca de si es o no conveniente llevar en cada caso un juicio político previo a los aforados.