Los servidores públicos, cuando hacen uso de los medios de comunicación deben tener el mayor cuidado -y por ello responden- si sus intervenciones implican afectación de la honra o el buen nombre de personas en concreto y con nombres propios, que puedan quedar expuestas ante la opinión pública como autoras o coparticipes de delitos.

Ha de considerarse, por ejemplo, que la presentación de alguien como posible delincuente, en particular cuando se trata de vínculos con grupos extremos como los paramilitares o la guerrilla, la sindicación directa puede conducir inclusive a poner en riesgo la vida y la integridad de las personas mencionadas.

Esta reflexión la formulamos de manera muy respetuosa, ante circunstancias recientes que implican el llamado público de altos funcionarios en contra de otros, con claras sindicaciones de orden penal.

Un caso reciente -solamente lo cito a título de ilustración- es el de la vinculación pública que se hizo de unos congresistas con la guerrilla de las FARC, en virtud de la cual se abrió lo que en el terreno periodístico, precisamente a raíz del gran despliegue oficial, hemos denominado la “Farcpolítica”.

A través de los medios de comunicación, y con gran alarma, el propio Fiscal General anunció que enviaba a la Corte Suprema de Justicia documentos comprometedores, para esos legisladores en concreto, con tales posibles relaciones.

La Corte Suprema de Justicia había solicitado previamente, en ejercicio de su función y sin tanto ruido, que le remitieran el material encontrado en los computadores de Raúl Reyes. La solicitud se hizo hace más de un mes.

En cuanto a las copias de algunos correos enviados por la Fiscalía, que podrían comprometer a los tres congresistas, la Corte Suprema las ha evaluado, y ha proferido una providencia mediante la cual llama la atención de la Fiscalía, en el sentido de que cuanto ese Tribunal considera necesario -y que no se le ha remitido- es la totalidad de la documentación encontrada en el lugar del operativo en que murió el mencionado guerrillero.

Así lo expresó el Magistrado Sigifredo Espinosa, Presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la cual se resalta que lo enviado por el Fiscal 20 de la Unidad Nacional contra el Terrorismo son “…documentos seleccionados por la Policía Nacional en los que simplemente se mencionan los nombres de los congresistas (…) sin tener en cuenta que fueran indicativos o no de la posible responsabilidad penal que de ellos se dedujeran”.

Pero la presentación, con gran despliegue, que hizo el Fiscal sobre tales documentos nos dio a todos la impresión de que en realidad allí existían motivos verdaderamente graves que comprometieran a los congresistas, a la vez que el Ministro de Defensa aseguraba que los alcances de la “Farcpolítica” podrían ser incluso peores que los de la parapolítica.

Ante el reclamo de la Corte, el Fiscal Mario Iguarán ha explicado que tan pronto conoció las cartas iniciales de solicitud ordenó a la Unidad Nacional contra el Terrorismo enviar todos los archivos, pero que dicha Unidad sólo compulso copias de las partes que consideró pertinentes, lo que provocó a su vez un reclamo del Fiscal a sus subalternos.

Pero, en el ambiente sí quedaron flotando las dudas sobre el comportamiento de los congresistas, en virtud del despliegue con que se hizo el envío de los documentos que, según la Corte, nada contenían en realidad. Son excesos inadmisibles que ponen en peligro y en ocasiones afectan derechos fundamentales.