JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO
Tlaxcala (México) 30 de octubre de 2012. Foto: www.elementosdejuicio.com.co
Por gentil invitación de las autoridades mexicanas, asisto en Tlaxcala a la Semana Estatal de la Transparencia y el Acceso a la Información Pública, evento académico en el que participan magistrados y ex magistrados, profesores y autores de Derecho Constitucional de varios países latinoamericanos, y que tiene por objeto la reflexión y el análisis sobre uno de los elementos básicos en lo que concierne al buen gobierno y a la lucha contra la corrupción, entre otros objetivos.
En los últimos años, como reacción de la ciudadanía ante las múltiples modalidades de mala administración y de asedio, fraude y saqueo del patrimonio público, se han venido estableciendo normas y reglas de comportamiento del sector estatal, por dentro y hacia el exterior, con un propósito sencillo en su enunciación pero muy difícil de conseguir en la práctica: la conducción de los asuntos de interés general de manera genuinamente pública, abierta, clara, comprobable y verificable.
En varios países tiene lugar este proceso de transformación institucional, que presenta numerosos obstáculos. Implica, ante todo, un cambio en la mentalidad colectiva y debe superar la tenaz resistencia de la burocracia, que, como es lógico, defiende el reducto tradicional de su poder. Se busca modificar la actitud de gobernantes, empleados y gobernados respecto a los compromisos que en un democracia contrae quien asume un cargo público en cualquiera de las ramas y órganos estatales, pero muy especialmente en la administración.
Las exigencias propias de este compromiso público se proyectan a los más diversos campos: el manejo de recursos públicos, el gasto y la inversión, la preparación, aprobación y ejecución de los presupuestos, la formulación de los planes de desarrollo, la asignación y destinación de las regalías provenientes de la explotación de recursos naturales, los procesos de designación, postulación y elección de dignatarios, la contratación estatal, la planeación y ejecución de obras de infraestructura, el estado de salud de quienes tienen a su cargo las más altas responsabilidades de gobierno o administración de justicia, los ingresos, las declaraciones tributarias y el patrimonio particular de los servidores públicos, la fiscalización y el control posterior de la gestión fiscal, el recaudo y la destinación de los impuestos, tasas y contribuciones, para mencionar apenas algunos. A la vez, deben ser ponderados y regulados los procedimientos y métodos orientados a lograr la transparencia, de suerte que no impliquen daño injustificado a la intimidad, la honra, el debido proceso o la buena fe de las personas que ejercen funciones públicas.
