POR LUDOVICO ARIOSTO

Foto UNAM

Una noticia que pasó desapercibida la semana anterior, por cuanto coincidió con la elección del Papa Francisco, es la relacionada con la caída de la normatividad que reglamentaba en las instituciones de salud de todo el país la prestación de los servicios para la práctica del aborto o interrupción del embarazo  en los casos contemplados por la Corte Constitucional en que no se configura delito: violación, malformaciones del feto y peligro para la salud y la vida de la madre.

En efecto, el Consejo de Estado declaró la nulidad, con efecto retroactivo al momento de su expedición, del Decreto 4444 de 2006, mediante el cual se pretendió reglamentar la sentencia C-355 del mismo año, imponiendo a las Entidades Promotoras de Salud, a las Administradoras del Régimen Subsidiado, a las Entidades Adaptadas,  a las Empresas de Medicina Prepagada, a las Entidades Departamentales, Distritales y Municipales de Salud y a las entidades responsables de los regímenes de excepción, la obligación de estar disponibles de manera permanente y en todo el territorio nacional para practicar los abortos solicitados por cualquier mujer, independientemente de su capacidad de pago y de estar o no afiliada al sistema de seguridad social en salud.

Era este decreto el que garantizaba la ejecución y el desarrollo de la sentencia de la Corte Constitucional porque   aseguraba la provisión continua de servicios seguros de Interrupción Voluntaria del Embarazo no constitutiva del delito de aborto, y estipulaba que tales servicios estarían  disponibles en todos los grados de complejidad que requiriera la gestante.

Además preveía que las Entidades Departamentales, Distritales y Municipales de Salud, en el ámbito de sus competencias, deberían  garantizar que en la red pública de prestadores de servicios de salud de su jurisdicción, existiera  disponibilidad suficiente para garantizar el acceso real y la atención oportuna de las gestantes que requirieran servicios de interrupción voluntaria del embarazo en todos los grados de complejidad.

El Decreto señalaba que en ningún caso las entidades  podían  imponer barreras administrativas que postergara  la prestación de los servicios de aborto voluntario, y no podían exigir autorización de varios médicos, revisión o autorización por auditores, períodos y listas de espera, y demás trámites que pudieran  representar una carga excesiva para la gestante.

El incumplimiento de lo previsto en el Decreto daba lugar, por supuesto, a la imposición de sanciones pecuniarias y administrativas a las entidades prestadoras de los servicios de salud.

En síntesis, este Decreto 4444 de 2006 era el que facilitaba y hacía posible que las mujeres acudieran a solicitar los abortos y que en efecto, obligatoriamente se los practicaran. Con la declaración de nulidad, fallada por el Consejo de Estado, ya no existirá tal obligación, y en buena parte la sentencia de la Corte Constitucional se queda escrita.