JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO
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En Colombia ha sido permanente desde hace varios lustros el desprestigio de la rama legislativa. No es sino recordar los muchos escándalos que en distintas épocas han tenido lugar, ya sea por los viajes injustificados; por falta de transparencia en los procesos de contratación; por ausentismo; por los antiguos auxilios parlamentarios –que se creyeron extinguidos a partir de la prohibición plasmada en el artículo 355 de la Constitución, pero que de alguna manera, en la práctica, se han restablecido con la “mermelada”-; por la ineficiencia de la Comisión de Acusaciones; por los “micos” introducidos en proyectos; por relaciones con organizaciones al margen de la ley –la llamada “parapolítica”- ; por retención indebida de los vehículos oficiales…En fin, por mil razones que, inclusive, han llevado a algunos congresistas a proponer que mediante referendo se extienda al Congreso la figura de la revocatoria del mandato, hoy prevista apenas para alcaldes y gobernadores.
Del escrutinio y la condena pública no han escapado los sucesivos gobiernos –en especial los más recientes-, también por causas diversas: el proceso 8.000; el despeje y el fracaso del proceso de paz del Caguán; los “falsos positivos” –verdaderos crímenes de lesa humanidad, hoy todavía en gran parte impunes-; la “yidispolítica”; las interceptaciones ilegales conocidas como “chuzadas”, en la Policía y en el DAS –por ese motivo desmontado-; la omisión en el control y vigilancia de las “pirámides”; Agro Ingreso Seguro; prácticas corruptas en la Dirección Nacional de Estupefacientes, en la DIAN, en la contratación pública; compra de conciencias mediante la “mermelada”; y ahora corrupción en el interior de las fuerzas militares, delincuencia desde las cárceles y hasta tráfico de armas por oficiales del Ejército y la Policía, con destino a organizaciones criminales.
En los últimos años tampoco han estado libres de desprestigio ni de escándalos la Fiscalía, la Procuraduría, la Registraduría, la Contraloría -varios de sus titulares terminaron condenados, y hoy se adelantan investigaciones penales-; las superintendencias; las gobernaciones, las alcaldías –comenzando por la de Bogotá, con el “carrusel de la contratación”; personería y contralorías municipales.
Pero faltaba la rama judicial. Infortunadamente, sin olvidar que hay jueces probos, no se puede ocultar el desprestigio enorme en que ha caído. Se perdió la confianza en los jueces. Congestión, moras injustificadas, formalismo excesivo, mala argumentación de las providencias, falta de preparación de muchos administradores de justicia, connivencias y acuerdos indebidos con abogados inescrupulosos. Para completar, en las altas corporaciones -tradicionalmente respetadas- los magistrados adoptan decisiones políticas y eso ha llegado al punto en que ni siquiera se declaran impedidos debiendo hacerlo, o, si lo hacen, no aceptan sus impedimentos. El fondo de la crisis.
