En efecto, si se prueban los cargos y se desvirtúa la presunción de inocencia que cobija al ex oficial, la gravedad sería mayúscula teniendo en cuenta que Santoyo era, además de un General de la República  -lo cual de suyo sería vergonzoso-,  nada menos que quien, en calidad de jefe, tenía a su cargo la seguridad del Presidente. Así que, de estar conectado el jefe de seguridad con los peligrosos delincuentes a quienes señala el Fiscal norteamericano, era el Presidente Uribe quien corría mayor peligro. Si se afanaron en Estados Unidos por la seguridad de Obama porque sus escoltas se reunieron con prostitutas en Cartagena, ¿qué tal la situación del presidente colombiano si hubiese tenido por jefe de seguridad a un amigo de la mafia? Obviamente, en el supuesto de que los cargos se prueben.

 

De otro lado, el caso avergüenza al estado colombiano y pone de relieve, al menos, un gran descuido en la selección de funcionarios claves dentro de su propia estructura.

 

Pero debemos distinguir entre los hechos ahora denunciados y los anteriores, no relacionados con narcotráfico, en que se vio involucrado Santoyo. 

 

Es claro que existe un antecedente disciplinario que han debido considerar tanto la Dirección de la Policía como el Ministro de Defensa de la época, el Presidente y el Senado en lo relativo al ascenso de aquél a General, pues había sido destituido por la Procuraduría por falta disciplinaria consistente en interceptaciones ilegales.

 

El Consejo de Estado había anulado el acto sancionatorio en razón de haber operado el fenómeno de la prescripción de la acción disciplinaria. La evaluación que ha debido hacer el Senado, como lo proponían los senadores que se apartaron de la decisión aprobatoria, era relacionada con la conducta misma, en guarda del carácter prístino del ascenso. Pero prevaleció el enfoque erróneo según el cual la providencia del Consejo de Estado exoneraba al oficial cuando en realidad se había fundado únicamente en la prescripción.

 

En el aspecto penal, al parecer hubo una preclusión de la Fiscalía en tiempos del doctor Luis Camilo Osorio por más de 1500 interceptaciones ilegales. Eso debe ser explicado.

 

En lo que toca con la solicitud de extradición de Santoyo por parte de Estados Unidos, cabe preguntar: ¿Por qué enviarlo a la justicia norteamericana para que responda por posibles delitos en contra del orden jurídico de ese país, cuando el primer ofendido  -si los delitos tuvieron lugar-  fue el orden jurídico colombiano? ¿No deberían actuar las autoridades judiciales colombianas ante la noticia de unos hechos que tienen las características de delitos, e iniciar aquí el proceso respectivo, en especial cuando, según la DEA, la Fiscalía colombiana el ha prestado apoyo y le ha suministrado informaciones?